Por: Julio Faesler
El Presidente de la República dijo el otro día que la oposición estaba en libertad de oponerse a lo que quisiera pero él tendría siempre la posibilidad de ejercer su facultad de veto.
Hablaba de la permanencia de sus programas con especial atención a los de carácter social en los que ha hecho descansar el peso de su proyecto de transformación nacional.
La advertencia es una llamada de atención a la ciudadanía. Habría que precisar su alcance. Un poder presidencial capaz de bloquear cualquier propuesta que el Poder Legislativo hiciera llegar a su escritorio para su promulgación significa nulificar por entero el concepto de la división de poderes que es la esencia del sistema democrático.
La amenaza fortalece el temor que desde hace tiempo se maneja en la ciudadanía de que López Obrador tiene la intención de sustituir la operación democrática liberal de gobierno con la idea socialista de democracia dentro de un único partido en cuyas asambleas se ventilan las diversas propuestas siempre conformadas en la ideología oficial.
La comparación de nuestro sistema de república con el socialista de dictadura lleva a distinguir entre gobiernos que comparten el poder y los que lo monopolizan.
El veto es la facultad que tienen los jefes de estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso le envía para su promulgación. La figura del “veto” no existe en nuestra constitución. Respecto a los proyectos de ley o decreto ya aprobado que el Congreso le envíe al Ejecutivo para su promulgación, la Constitución solo otorga al presidente de la República la facultad de hacer “observaciones”, que pueden ser superadas mediante las dos terceras partes del número total de votos de las cámaras del Congreso.
Así, mientras el presidente puede hacer observaciones a una legislación aprobada, el Congreso puede superar ese rechazo con el voto de dos tercios de ambas cámaras. Ante esta situación el Ejecutivo está obligado a publicar la Ley.
Otro asunto que esta semana sorprendió a la ciudadanía fue la sorpresa que la Cámara de Senadores nos recetó quizás de más fácil solución pero siempre indicativa de la actitud de propietario con que la peligrosa Morena que, dominante, nada en su estanque, el Poder Legislativo.
En efecto, el pasado día 15 de esta semana, aprovechando la coyuntura de la aprobación de un Decreto reglamentario de la Ley de Reformas al Poder Judicial de la Federación, al Senador del Partido Verde Ecologista Raúl Bolaños, en un lacayesco afán por complacer al autor de la 4 T, se le hizo fácil injertar, sin previo aviso ni publicación en la Gaceta del Senado, una fracción decimo tercera transitoria del Decreto que completa la Reforma al Poder Judicial, que “con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la propia Ley…la Presidencia de la Suprema Corte se extendía para cualquiera persona que se encontrara en ese encargo, hasta llegar al 30 de noviembre de 2024” .Se amplía así de cuatro a seis años la presidencia Zaldívar. También se extiende de 5 a 7 años el periodo para los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. La iniciativa del oportunista senador está en completo desacuerdo con el artículo 97 de la Constitución:“ Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.”
Quedó así aprobado el texto de marras aprobado con 80 votos a favor y 25 en contra para pasar al estanque de Diputados donde, la confiada Morena asecha con su mayoría de curules.
La reacción ciudadana ha sido instantánea. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (ANMCJDPJF) y el Consejo de la Judicatura pidieron a la Cámara de Diputados eliminar la apócrifa fracción por ser inconstitucional.
La intención del partido en el poder es transparente. Ante el peligro de que las próximas elecciones del 6 de junio no le sean favorables para mantener la mayoría calificada de la que actualmente goza, la Morena en el estanque quiere asegurar mediante una cruda argucia escondida en un transitorio, extender la presidencia de Zadívar hasta el último momento de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el Ministro Zaldívar se desligue del caso, la fuerza ciega de la bancada oficial ya la vimos en la Cámara Alta y solo el presidente López Obrador puede controlar a su gente en la de diputados. Esta es la simple realidad.
Resalta con fuerza la mejor arma de la ciudadanía que, a través de asociaciones y en un Congreso integrado por representantes preparados y valientes, puede, ahora lo confirmamos, vencer cualquiera propuesta o incluso veto que un presidente, con ánimo de dictador, pretenda utilizar contra una comunidad decidida y patriótica mismo que unidos tenemos que forjar el próximo 6 de junio.
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