La reciente elección judicial, celebrada el pasado 1 de junio, registró una participación de poco más del 12% del padrón nominal de electores, según datos del INE. En contraste, en las elecciones para renovar los ayuntamientos de Durango y Veracruz, la afluencia a las urnas fue inferior al 50%: 44.8% en el primer estado y 49.95% en el segundo.
Si bien los líderes partidistas, siguiendo sus guiones preestablecidos, salieron de inmediato a celebrar sus victorias y a calificar los procesos electorales como “históricos” o “exitosos”, es imperativo cuestionar si tales adjetivos son realmente apropiados ante niveles de participación tan bajos.
El caso de la elección judicial merece un análisis particular. Pese a la promoción constante por parte de la presidenta Sheinbaum en sus conferencias matutinas y giras estatales, las campañas del INE y de los institutos electorales locales para incentivar la asistencia a las urnas, la inversión de dependencias gubernamentales como la Secretaría de Gobernación en redes sociales para invitar a la ciudadanía a votar, y los llamados de dirigentes partidistas y propagandistas, solo 13 millones de votantes acudieron a las casillas de un padrón nominal que asciende a 99.9 millones de electores.
Esto significa que a más de 86 millones de personas inscritas en el padrón, con derecho a votar, les resultaron indiferentes los mensajes de la presidenta, de políticos y de figuras de redes sociales que impulsaron la elección judicial; en su lugar, decidieron permanecer en casa el pasado domingo 1 de junio.
No obstante, esta baja participación no debe interpretarse como una demostración de la fuerza de la oposición –o de la «derecha», como la denominan muchos propagandistas del partido oficial–, como si hubiera logrado convencer a la inmensa mayoría de la ciudadanía de no votar. La realidad es que, en este bando, no hubo un consenso claro sobre la estrategia a seguir, sus posturas pasaron desapercibidas y, en el caso específico del PAN, varios de sus legisladores y gobernadores sí acudieron a depositar su voto en las urnas.
Incluso, cabe profundizar el análisis y preguntarnos por qué, de los 35 millones de votos que Morena y sus aliados obtuvieron en 2024 –cifra que presumen como muestra de un mandato popular para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial que culminó en este proceso electoral–, 22 millones de esos votantes decidieron no apoyar esta iniciativa.
La asistencia a las urnas es un indicador elocuente de la relevancia de una elección. Lo ocurrido el pasado 1 de junio es un claro ejemplo de que, a pesar de discursos que pretenden involucrar al pueblo en una «odisea histórica» –como se describió la primera elección de jueces y magistrados, calificada como una muestra de que México es el país más democrático del mundo–, al final solo acudieron a las casillas quienes se sintieron obligados a hacerlo –como fue el caso de muchos adultos mayores–, mientras que al resto de la ciudadanía no le interesó elegir a sus jueces.
Similar a la consulta popular para enjuiciar a expresidentes, en la que participaron poco más de 6.6 millones de electores de un padrón de más de 96.6 millones, es decir, el 7.11% de los votantes, la elección judicial también resultó un fracaso en términos de participación. Sin embargo, a diferencia de aquella consulta, que solo sirvió para gastar dinero y tiempo sin generar procedimientos legales contra los exmandatarios, lo sucedido el 1 de junio tendrá una repercusión que muchos ya anticipan como negativa para el país.
Es relevante recordar que el expresidente López Obrador calificó como un triunfo la consulta para enjuiciar a expresidentes. De igual forma, tras el cierre de las casillas en la elección judicial, la presidenta nacional de Morena, Luis María Alcalde, calificó la jornada como “histórica” y “exitosa”, mientras que la presidenta Sheinbaum la describió como “todo un éxito”.
Si lograr que el 12% del padrón nominal acuda a las urnas se considera un “éxito” después de una reforma judicial marcada por errores y una jornada electoral precedida por prácticas como el acarreo, los «acordeones» y otras irregularidades, se comprende por qué celebran pequeños cambios en otras estadísticas, como las de homicidios, o un crecimiento económico del país que apenas alcanza el 1.3% para 2024, a pesar de haber criticado en sexenios anteriores un crecimiento del 2%.
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