Anteriormente hemos planteado un aumento del 35% al presupuesto de Movilidad, porcentaje que equivaldría a un aumento de mil millones anuales
En el marco de la discusión presupuestal, no sólo en la Asamblea Legislativa, sino también en el Senado con la aprobación de la Ley de Ingresos, la prioridad debe ser pedirle al gobierno que gaste distinto el dinero de todos. Por ello, con el propósito de gastar con responsabilidad el dinero que sale de los bolsillos de los capitalinos proponemos que sea el Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, creado por la nueva Ley de Movilidad, concentre en una única bolsa los ingresos destinados a las necesidades de Movilidad en la Ciudad de México, con ésto garantizaremos que se definan los proyectos estratégicos de la Ciudad alineados con la nueva visión de movilidad y que puedan ser auditados.
Dime en qué gastas y te diré quién eres. De los casi 24 mil millones de pesos que fueron asignados el año pasado a los proyectos de Movilidad de la Ciudad de México, el 76% se gastó en infraestructura vial, y por consiguiente, en detrimento del usuario de transporte público, es decir, del 80% de los capitalinos. Por si fuera poco, el gran problema es que este monto se encuentra disperso en la repartición a delegaciones y las distintas Secretarías de la administración local, hecho que dificulta saber en qué se está gastando, cómo se está gastando, y el más importante de todos, que se pueda invertir en proyectos grandes y de largo aliento, articulados con la nueva pirámide de movilidad, resolviendo así verdad construyan soluciones a los problemas de Movilidad de la Ciudad.
No les quitaremos atribuciones a las Secretarías pero sí el dinero. Hoy enfrentemos una realidad en la que el presupuesto destinado a la Movilidad se encuentra pulverizado en las distintas dependencias y delegaciones, es por eso que proponemos que la mayor parte de los recursos se administren únicamente a través del Fondo Público de Movilidad, órgano auxiliar de la Secretaría de Movilidad, propuesto en la Ley de Movilidad del Distrito Federal. La función de este Fondo sería administrar desde una sola instancia la mayor parte de los recursos, a fin de concretar proyectos de largo aliento y facilitar al mismo tiempo las labores de auditoría y rendición de cuentas. Por supuesto, la transparencia no queda de lado, pues tal como lo propone la nueva Ley de Movilidad, el fondo estaría vigilado por el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial del Distrito Federal.
Podemos mandar una parte de los ingresos por multas al Fondo. Anteriormente hemos planteado un aumento del 35% al presupuesto de Movilidad, porcentaje que equivaldría a un aumento de mil millones anuales que, durante seis años, se destinarían a concretar proyectos de Movilidad Sustentable. No se trata de pedir más dinero, sino de aprovechar más el que ya se tiene. Acción Nacional propone para la obtención de más ingresos tres propuestas en concreto. La primera sería a través del ingreso total por los servicios de grúa y almacenaje de vehículos. En 2013, el ingreso total por este concepto fue de 245 millones de pesos, monto que fácilmente podría duplicarse si se llevara a cabo un mejor cumplimiento del Reglamento de Tránsito en el Distrito Federal. Por otro lado, los 63.1 millones obtenidos durante 2012 por el estacionamiento de vehículos en la vía pública también sería una forma útil de obtener recursos para la Movilidad. Por último, el aprovechamiento por multas de tránsito también es una vía útil; por este concepto el Distrito Federal obtuvo ingresos por 428 millones de pesos durante 2013.
Así, con una mejor distribución de los recursos, podrían reducirse muchas de las carencias en el servicio del transporte público, tal y como hoy ocurre claramente con el servicio de taxi y el auge de servicios ofrecidos a través de aplicaciones diseñadas para teléfonos inteligentes. Habría que echar un vistazo a la manera en la que estas plataformas están reconfigurando los traslados de los capitalinos para comprobar que lo que funcionaba antes, ahora ya no satisface las necesidades de los usuarios. Debemos seguir apostando por que la eficiencia administrativa signifique también eficiencia en la calidad de los servicios.}
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