En el México del siglo XXI, los retos de gobernar requieren un proyecto que coloque el desarrollo sostenible en el centro y sea capaz de integrar a toda la población en un objetivo común. Para lograrlo, se deben de atender las áreas de mejora en las políticas públicas que ha implementado el Gobierno actual. Especialmente porque muchas de ellas, en lugar de ayudar a la población más vulnerable, la están afectando directamente.
El sistema de salud pública y las becas para la educación son dos ejemplos de lo anterior. En los últimos seis años, el sector salud en México ha visto sus capacidades mermadas. Ello no solamente ha derivado en una atención hospitalaria menos eficiente, sino que ha generado efectos tales como el desabasto de medicamentos, que a su vez ha incrementado el gasto en salud para las familias. Hoy, millones de hogares enfrentan un “doble gasto”: aportan vía impuestos y salarios para un servicio de salud que no reciben plenamente, y luego deben asumir su costo en el mercado privado.
En el tema educativo, ocurre algo semejante: las becas Benito Juárez que se pretendía iban a reducir la desigualdad educativa, en realidad —por su diseño universal—, están beneficiando más a quienes menos las necesitan.
La solución exige un viraje de prioridades. El Estado tiene hoy la oportunidad de convertir el control político que detenta en una plataforma para el desarrollo. Ése sería su mejor legado.
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