El derecho a la Movilidad en México

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Movilidad son los viajes que realizamos todos para llegar a nuestros destinos, mismos que son motivados con fines educativos, comerciales, sociales, laborales, etcétera.

El pasado martes 3 de diciembre, se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que integra el derecho a la movilidad como derecho reconocido en nuestra Constitución, mediante el cual se modifican los artículos 11 y 73, y establece que en un plazo de 180 días después de su aprobación (falta su discusión en el Senado de la República), deberá haber una Ley General de Movilidad.

Dicha aprobación ha generado severas críticas por parte de algunos políticos de la izquierda mexicana al acusarla de ser el inicio de una regulación antimarchas. Reconozco las preocupaciones genuinas de activistas y ciudadanos, las cuales deberán ser tomadas en cuentas en cada paso del proceso que sigue en el Senado de la República, sin embargo, preocupa ver la falta de conocimiento que existe en buena parte de la clase política nacional sobre el concepto de movilidad y sus preceptos, parte fundamental del debate internacional sobre el futuro de las ciudades, lo cual aumenta las posibilidades de marginar un derecho tan importante ante la incapacidad de abrir un debate que confronte ideas, no ideologías. 

¿Qué es la movilidad? Es pertinente iniciar hablando sobre la definición de movilidad así como el del derecho como tal. Movilidad son los viajes que realizamos todos para llegar a nuestros destinos, mismos que son motivados con fines educativos, comerciales, sociales, laborales, etcétera. Cada viaje se encuentra compuesto por varios trayectos. Cada trayecto representa un sistema de movilidad distinto, lo cual deja clara la naturaleza intermodal de cada viaje y nos ejemplifica como las personas que no usan auto (en nuestras ciudades son el 80%) caminan y usan transporte público diverso para llegar a sus destinos y requieren de inversión por parte del gobierno para lograr viajes más rápidos, seguros y baratos.

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Cosa que no sucede hoy ante la inexplicable afición de los gobiernos en gastar en infraestructura para el automóvil apostando a la no sustentabilidad y sobre todo a acabar con el espacio público de las ciudades. Sólo 20% de la población, tiene auto y según datos del ITDP el 72% del presupuesto de infraestructura se está gastando en él.  Aquí el primer indicio que nos obliga a los legisladores a discutir sobre la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad. Por derecho a la movilidad se entiende: el derecho de cada persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. 

 La CDHDF pide su reconocimiento.Ésta construcción legislativa y su discusión no es resultado de las ocurrencias de algunos, es una petición analizada y seriamente estudiada por  el Informe Especial llevado a cabo en conjunto por la Comisión de derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), en el año 2013. Las propuestas epecíficas de dicho informe incluyen: el reconocimiento expreso del derecho a la movilidad, el cambio de paradigma de movilidad a uno en el que la persona ocupe el centro del sistema y se reconozca como titular de un derecho, garantizar la protección de personas en situación de vulnerabilidad, un presupuesto anual para movilidad que priorice el transporte público de calidad, reforzar los mecanismos de denuncia y atención de quejas, por solo nombrar algunos. El informe puede ser consultado aquí.

¿Cuál es el fondo en la oposición de la izquierda para reconocer un derecho de avanzada? En días recientes, las protestas ciudadanas y pacíficas que exigen justicia por el caso Iguala, han servido de bálsamo para un país que se encuentra herido, y con los vínculos de representación entre gobierno y ciudadanía rotos. Un país que se confronta con la injusticia, la opacidad, la complicidad y crueldad de buena parte de su clase política y con la crisis de instituciones de procuración de justicia incapaces de generar debidos procesos, y que hoy no confía en el actuar de sus integrantes. Debemos reconocerlo, sólo así podremos encontrar el camino para reconstruir y avanzar.

La izquierda encontró en este debate una oportunidad de reivindicar su discurso y sobre todo su interlocución con un sector de sus representados, mismo que ha sido severamente golpeada desde los lamentables hechos de Iguala. El PAN no buscará la vía de la confrontación ni de la polarización, si la izquierda o la ciudadanía no está lista para avanzar en este cambio dada la coyuntura, podemos construir con el tiempo necesario los acuerdos que nos lleven a mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, en la Ciudad de México nos tomó 382 días ponernos de acuerdo y generar un consenso.

La legislación propuesta, pone sobre la mesa un derecho de avanzada que busca transformar la vida de los millones de habitantes de nuestras ciudades que tienen hoy sistemas de movilidad indignos, mientras se siguen invirtiendo millones y millones de pesos en obras que benefician a los que mas tienen. Es decir, a los usuarios de automóviles privados. Lo que una reforma como la que se plantea en el dictamen aprobado busca, es que éste país invierta en movilidad urbana sustentable en todos sus rincones, no como ocurrencia de los gobernantes en turno, sino como política de Estado, y la única forma de darle ese nivel es desde su reconocimiento constitucional.

¿Por qué en México es tan controversial plantear mecanismos para permitir la coexistencia de ambos derechos?

A nivel internacional existen disposiciones que buscan armonizar el cumplimiento de distintos derechos, entre ellos el de la movilidad. Éste es, en mi opinión, el verdadero debate: la armonización de los derechos por parte de la autoridad. Esto implica que en distintas ciudades alrededor del mundo, en donde difícilmente se puede decir que no existen libertades civiles garantizadas, o que su forma de gobierno no es democrática, como lo son Nueva York, Londres o París, así como también capitales latinoamericanas, es necesario solicitar algún tipo de permiso para poder protestar en ciertas áreas de la ciudad. Es posible que después de una discusión seria, decidamos que nuestras instituciones son tan débiles, opacas y discrecionales, que decidamos no darles la capacidad de decidir al respecto. Sin embargo, ese es entonces otro problema, mucho más grave que el reconocer el derecho a la movilidad en el país.

Es importante destacar que el derecho al libre tránsito, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no contempla al vehículo automotor de un individuo. Adicionalmente cabe destacar que los derechos humanos son por definición universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados. Por esta razón no es posible argumentar que algún derecho sea más importante que otro.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), organización no gubernamental dedicada a la defensa de libertades y derechos civiles, y que cuenta además con un gran prestigio, reconoce que ciertos tipos de protesta que interfieren con el tráfico peatonal o vehicular, necesitan un permiso, y que los gobiernos pueden establecer restricciones de tiempo, lugar y forma para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, estas restricciones no pueden otorgarse de acuerdo con el contenido del discurso de la protesta. Aquí dicha información (en inglés).

¿Entonces, el problema son nuestras instituciones?

 Si llevamos dicho argumento al extremo, es decir, como nuestras instituciones son incapaces de cumplir con su responsabilidad elemental: hacer cumplir la ley. Entonces nos vemos en casos como la eliminación del examen de manejo, por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, debido a la corrupción que generaba. Si permitimos que nuestra debilidad institucional sea un argumento para dar licencia al Estado de renunciar a su razón de ser, hemos fracasado. Hay que voltear a ver por qué programas de gobierno como el Conduce sin Alcohol funcionan, y enfocar nuestros esfuerzos en la ardua tarea de profesionalización de nuestras instancias de procuración de justica. Esto toma tiempo y no se resuelve con discursos en tribuna ó teleprompter, pero tampoco se resuelve frenando el reconocimiento de un derecho profundamente estudiado y con la capacidad de mejorar la vida de los mexicanos.

Por lo pronto, en la Ciudad de México, es urgente construir y publicar nuevos protocolos de actuación policial, con apego irrestricto al respeto de los derechos de libre manifestación, asociación y expresión, así como libre tránsito y derecho a la movilidad. La capital del país puede y debe, seguir siendo el ejemplo a nivel nacional. Ya lo fue con la Ley de Movilidad, ahora tocan los mecanismo para la armonización de derechos.


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