La expulsión de una persona solía ser a su país de origen, pero con a los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) miles de inmigrantes son enviados, en la actualidad, a terceros países en donde no tienen vínculos familiares, culturales o comunitarios.
Los datos del Panel de Deportaciones a Terceros Países de Mobile Pathways indican que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 se emitieron 30,238 órdenes de expulsión en esta modalidad.
El aumento fue acelerado en los primeros meses de 2026, en comparación con noviembre cuando se registraron 244 órdenes; sin embargo para febrero la cifra ascendía a 7,944 y a marzo con 8,844, que equivalen al 55 % de todas las órdenes, el más amplio del sistema migratorio estadounidense.
Ecuador concentró seis de cada diez órdenes, con 18,194 casos registrados, incluidos venezolanos, mexicanos, colombianos, cubanos y guatemaltecos. Honduras, inicialmente, acumuló 7,281 órdenes durante el período, pero disminuyó a medida que aumentaron los envíos a Ecuador y Uganda apareció como un destino relevante, con 2,718 órdenes. Estas cifras han despertado interrogantes sobre las implicaciones legales y humanitarias de esta práctica.
“Lo que muestran estos datos es que la deportación ya no necesariamente implica regresar al país de origen y que las enviadas a terceros países deben soportar mayor separación familiar planteando nuevos desafíos legales para quienes buscan protección migratoria en Estados Unidos”, señaló Héctor Quiroga, abogado de inmigración de Quiroga Law Office, PLLC.
Algunos datos ilustran la lógica de esta política: más de 1,200 hondureños se enviaron a Ecuador, mientras que cerca de 1,900 ecuatorianos fueron a Honduras, lo que amplió de manera significativa la red de países involucrados en estos procesos.
Por ahora, 30 naciones de América Latina, África, el Caribe y Europa del Este están vinculadas a conversaciones, acuerdos o mecanismos de cooperación migratoria. 9 países ya habrían recibido deportados o está en trámite mientras otros continúan negociando con Washington. México figura como uno de los principales receptores de personas expulsadas bajo distintos mecanismos migratorios.
Otras cifras de organizaciones internacionales señalan que hay personas deportadas a terceros países sin una oportunidad efectiva para cuestionar la medida o exponer plenamente los riesgos que enfrentarían fuera de Estados Unidos.
“Cuando una persona es enviada a un país distinto al suyo implica un obstáculo para hacer y mantener el contacto familiar, acceder a representación legal o reconstruir una red de apoyo. Este impacto de estas políticas migratorias deber ser analizadas”, agregó el abogado Quiroga.
En 7 meses, más de 30,000 personas tienen orden de expulsión hacia países distintos al de su origen, lo que sugiere que las deportaciones a terceros países dejaron de ser una medida excepcional y pasaron a ser una herramienta visible de la política migratoria estadounidense.
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