La violencia, ya sea como recurso para alcanzar ciertos objetivos o como reflejo de uno de los problemas más graves del país, se ha hecho presente en México en tiempos de la 4T.
Lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves 17 de octubre, mostró varias facetas en el contexto no sólo de la seguridad públicas sino también de la gobernabilidad, y todas preocupantes.
Empecemos con las dudas que quedan después del ¿operativo, patrullaje? En el que se ¿encontró, detuvo? a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
- ¿Participó o no la DEA en estas acciones?
- ¿Fue la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército, sólo la Guardia o fue Sedena la institución que se encargó del presunto operativo?
- ¿El presidente estuvo enterado, autorizó las acciones antes o después de los incidentes?
- ¿Hubo labores de inteligencia previa en apoyo al operativo?
- ¿Quién encabezó el operativo?
- ¿Por qué no se informó de lo que se iba a hacer al gobierno estatal?
Y es que también lo sucedido en Sinaloa reflejó una seria contradicción en las palabras del presidente López Obrador, quien había asegurado que ya no se perseguirían a los cabecillas del crimen organizado y que se iban a desmantelar las redes financieras, políticas y policiacas de los cárteles, pero como se apreció en Culiacán, no sólo se persiguió a uno de los líderes de uno de los grupos –incluso buscado en Estados Unidos–, sino que se vio que, al menos, el Cártel de Sinaloa goza de cabal salud, con finanzas boyantes y un ejército a su disposición.
Pero esto también muestra que para muchos mexicanos, la violencia es la mejor manera de resolver sus problemas o de alcanzar los objetivos que persiguen. Esto se ha demostrado con las acciones que llevaron a cabo los normalistas de Tellería, la manera en que se logró liberar a Ovidio Guzmán, las protestas que grupos radicales han realizado en septiembre en la Ciudad de México o las adecuaciones a las leyes educativas luego de lo realizado por la CNTE.
Lo anterior, ya de por si grave, se suma a la falta de una estrategia efectiva para resolver el tema de la seguridad pública. En lo que va de octubre de 2019, se han presentado enfrentamientos entre policías, militares y delincuentes con un saldo bastante preocupante y que se puede ver en lo sucedido en Aguililla, Guanajuato, Iguala y Culiacán. La sola imagen de un ataúd en el velorio de uno de los policías asesinados en Michoacán apoyado en tabiques, sin un pésame presidencial, sintetiza lo que sucede en materia de seguridad en nuestro país.
Las cifras en ciertos delitos, que se mantienen elevadas, han sido un duro golpe para el lopezobradorismo, que se rehusa a aceptar la realidad y la falta de una estrategia en este asunto. Pero, en lugar de aceptar y corregir, lo que sucederá es que tendremos una nueva campaña de propaganda para mantener la imagen presidencial y justificar lo poco que se ha hecho.
En tanto, siguen las dudas respecto a si ya tendremos un sistema de inteligencia que funcione y apoye las labores de seguridad no sólo de la Guardia Nacional, sino a los gobiernos estatales y municipales.
Cuando un cártel logra doblegar a un gobierno –de igual manera en que lo han hecho ciertos grupos como la CNTE–, se trata de malas noticias, no sólo por los efectos en la vida pública, sino porque si en esto no logran ofrecer resultados, tampoco se podrán diferenciar de sus antecesores.
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