Las fracciones del PAN y PRD en el Congreso de Colima solicitaron un juicio político contra el gobernador del estado, Mario Anguiano Moreno por desvío de recursos.
A pocas horas de concluir su legislatura y durante la calificación de las cuentas públicas 2014, la fracción parlamentaria del PAN y PRD en el Congreso local, presentaron la solicitud para iniciar un juicio político contra el gobernador Mario Anguiano Moreno por el desvío de recursos públicos.
En la demanda de juicio, exigen que se haga del conocimiento de los suscritos la forma en que se admitirá y tramitará el Juicio Político que se promueve, y así mismo el nombre de los Diputados que integrarán la Comisión que habrá de conocer del asunto.
De igual forma, pidieron que como medida precautoria, se aseguren bienes suficientes del gobernador para garantizar que éstos no se dilapiden, y que, en caso de resultar responsable el acusado en el procedimiento, se cubra con dichos bienes la reparación del daño.
Argumentaron que las pruebas para iniciar el juicio político son las declaraciones del propio ejecutivo estatal, que existió un manejo irregular por 600 millones de pesos por utilización de recursos federales en gasto corriente teniendo él conocimiento de los hechos.
Aunado a ello, la Auditoría Superior de la Federación tiene presentadas siete denuncias contra el Gobierno de Colima, ante la Procuraduría General de la República, por la simulación de reintegros de fondos federales, desviados a otros rubros.
Actualmente existe un déficit financiero de mil 598.5 millones de pesos que ocasionó el despido de más de mil burócratas.
CONGRESO PIDE SANCIÓN PARA 78 FUNCIONARIOS MUNICIPALES
A un total de 78 funcionarios de nueve municipios de la entidad el Congreso del Estado propuso sanciones económicas por 5 millones 368 mil 474 pesos, derivado del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del año 2014.
Con base en el Informe de Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los nueve municipios que en sesión extraordinaria el Congreso del Estado les declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del año 2014, resultaron con observaciones en materia de responsabilidades.
Sin embargo, por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas, podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en su caso.
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