De gran importancia será el nuevo sistema de justicia penal. Avanza a pesar de resistencias fácticas, económicas y culturales. Como recientemente lo afirmó el ministro Arturo Zaldívar, el esfuerzo administrativo, material y logístico está prácticamente concluido… pero falta la tarea más delicada y definitoria, que es la de transitar efectivamente al nuevo modelo y, con ello, a procedimientos que hagan realidad la justicia en la vida de las personas. Observe usted: …que hagan realidad…
Esta y otras declaraciones de los ministros no son simples opiniones destinadas al archivo como notas periodísticas. Tocan el corazón de la justicia y, por ende, la manera como se dará satisfacción al reclamo más dolido y profundo del pueblo. Abonan al bien ser y al bienestar de la nación.
La transición implicará aprendizaje de la policía investigadora, de secretarios, peritos y demás auxiliares, de ministerios públicos, de litigantes y juzgadores, pero también requerirá de una sociedad obligada a someterse al imperio de la ley. Además, será necesario corregir y perfeccionar el nuevo marco legal para evitar que ciertos actos de autoridad produzcan impunidad y/o conculquen derechos humanos garantizados por la Constitución.
Pues déjeme decirle que se ha dado a conocer la aprobación, por el Consejo de la Judicatura Federal, de la reciente propuesta del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, para que todas las deliberaciones que realicen los magistrados federales, en sus respectivas sesiones, sean videograbadas —salvo excepciones expresas— y quedarán a disposición del público. Las llamadas presesiones se permitirán excepcionalmente.
Existen muchas razones para exaltar tan valiente y benéfica decisión, sin desconocer los desafíos a los que se enfrentarán sus destinatarios.
Vivimos en un país donde —por infinidad de casos padecidos— no hay confianza en la ley; muchos justiciables y litigantes solamente consideran justos y respetables los actos de autoridad que les favorecen; pululan, por miles, abogados ignorantes y/o sinvergüenzas que se quedan con dinero del cliente “para el MP y el juez”; en otros casos, efectivamente, el dinero o la presión de gobernantes deciden el resultado; suelen sobreponerse a la ley “activistas”, “luchadores sociales”, pillos escondidos en ONG, así como plumíferos chayoteros. El material videograbado facilitará distorsionar, sobre todo en casos de votaciones divididas, los razonamientos de los juzgadores —causándoles, al menos, linchamientos mediáticos— y sin que éstos puedan defenderse.
En contrapartida, todo lo que evite opacidad beneficia a la justicia. Tendrán mayor cuidado al ponderar hechos, valorar pruebas, y fundar y motivar sus sentencias. Con ellas los magistrados evidenciarán su calidad ética y jurídica frente a sus pares y la sociedad, integrando así su verdadero expediente personal. Se fortalecerá la confianza del pueblo en la ley, y avanzaremos en pos del verdadero Estado democrático de derecho.
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