Hoy, un buen número de nuestros municipios enfrenta por lo menos tres grandes retos: el enorme poder de los gobernadores; el enorme poder del crimen organizado y a la vez, la importancia de atender las necesidades locales.
Recientemente en uno de los estados donde el crimen organizado controla territorios y tiene sometida a gran parte de la población, un poderoso exgobernador me dijo: aquí el verdadero reto es rescatar a los municipios de los narcos.
Todo empieza y termina en lo local, aunque en las decisiones políticas, presupuestales y en el ejercicio real de poder, hemos dejado al municipio como la instancia final, las tentaciones de imponer “soluciones” desde arriba son enormes. Como nunca, poderosos gobernadores pretenden someter a sus municipios a caprichos y condicionar sus apoyos dependiendo de la sumisión y obediencia del alcalde en turno.
No podemos colocar a todos los gobernadores en esta lógica. Sin embargo, abundan los testimonios de alcaldes que deben atenerse a las consecuencias de la furia del señor gobernador si se oponen a trabajar para sus intereses.
Las complicidades locales, así como la corrupción e impunidad, fueron preparando un terreno favorable para la delincuencia y el crimen organizado. Fue en este orden de gobierno donde los criminales empezaron por financiar campañas y a cambio exigir nombramientos clave como el jefe de la policía. Con el tiempo, la debilidad de las autoridades locales y con frecuencia la complicidad los llevaron a adueñarse del territorio por completo. ¿Por qué no?
Quiero distinguir entre aquellos casos, estadísticamente la mayoría, en lo que los alcaldes se enfrentan a chantajes y amenazas. Desde los moches que les cobran algunos legisladores hasta los caprichos del ejecutivo estatal y también a un crimen organizado que los coloca contra la pared y sólo les da dos alternativas: plata o plomo. Alcaldes han pagado con su vida al no aceptar someterse a los criminales. En procesos electorales diversas candidaturas a alcaldes quedan acéfalas porque quienes decidan ser candidatos saben que sólo les espera la muerte si se resisten a las órdenes de los criminales.
Los partidos políticos no pueden hacer de lado su responsabilidad, porque terminan siendo cómplices, por indiferencia, por el confort de resolver el financiamiento de una campaña o en casos más graves, por apoyar y arropar a un candidato y llevarlo de su mano a la alcaldía, sabiendo de antemano que es un miembro del crimen organizado o que negociará con ellos.
Los partidos políticos no son el CISEN, ni la PGR, y ciertamente carecen de instrumentos para investigar a fondo cada perfil en cada rincón del país, pero lo último que pueden hacer es lavarse las manos.
Quienes viven en estos municipios amenazados y víctimas del crimen, saben con frecuencia quiénes son los líderes y miembros del crimen organizado. Es común escuchar decir a la población de estos lugares que no “entienden” como la autoridad no logra encontrar a los criminales cuando todos en el pueblo saben dónde viven o se esconden.
Es justo en lo local donde también estos criminales se saben más protegidos, porque ahí son los que mandan.
Construir un andamiaje institucional con herramientas y la fuerza necesaria para no seguir entregando pedazos del país a estos criminales para ahora convertirlos en alcaldes, y a la vez que no sea la impunidad la que proteja a quienes impulsaron estas candidaturas, resulta urgente para la gobernabilidad del país, para recuperar la seguridad de la población y para que sea el estado de la ley y no el narco-estado quien gobierne.
La descomposición o bien, la reconstrucción del estado de Derecho cruza obligadamente por los municipios. La gran tarea es construir vías para fortalecer a los municipios en lugar de sólo pretender controlarlos o subordinarlos.
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