El asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, a solo seis días de asumir el cargo, seguido del brutal homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, un año después, pone de manifiesto una preocupante tendencia en la política municipal de México. Estos acontecimientos no solo demuestran la vulnerabilidad de los funcionarios electos ante la influencia del crimen organizado, sino que también evidencian los desafíos persistentes de la seguridad pública en un país marcado por la violencia y la impunidad.
Alejandro Arcos fue asesinado el 14 de noviembre de 2024, después de haberse negado a nombrar a un individuo que, según un grupo criminal, debía tener el control de la seguridad en Chilpancingo. Este acto de violencia es sintomático de una situación más amplia en la que las bandas delictivas buscan infiltrarse en las estructuras de poder local para garantizar su dominio. A tan solo un año de la llegada de Arcos a la alcaldía, su asesinato indica el descenso acelerado de la seguridad en municipios que, como Chilpancingo, han sido históricamente afectados por la violencia del narcotráfico.
Poco después, el 1 de noviembre de 2025, Carlos Manzo también se convirtió en víctima de esta sombría tendencia. Como alcalde de Uruapan, Manzo había sido firme en su crítica hacia las actividades del crimen organizado en la región, demandando asistencia al gobierno federal para contener la escalada de violencia. Su determinación, no obstante, le costó la vida. Este caso resalta otro aspecto relevante: la conexión directa entre la denuncia de la criminalidad y la vulnerabilidad de los funcionarios públicos.
Ambos asesinatos reflejan un fenómeno espiral que involucra a actores políticos, la delincuencia organizada y la desesperación de la población civil. La omisión de las autoridades sobre la grave situación de la seguridad pública, sumada a la falta de respuestas efectivas, crea un entorno en el que los funcionarios que intentan implementar políticas de seguridad o que desafían las amenazas del crimen organizado se convierten en objetivos prioritarios.
A nivel nacional, estas tragedias resaltan una crisis de gobernabilidad. Los municipios, que son la primera línea de administración pública, se enfrentan a desafíos singulares. Estos varían desde la falta de recursos y capacidades institucionales hasta la vulnerabilidad a la infiltración del crimen organizado. De hecho, en varias regiones de México, los alcaldes son electos con la promesa de mejorar la seguridad, pero muchos se enfrentan a la cruda realidad de la presión que ejercen las organizaciones criminales.
La capacidad de los gobiernos estatales y federales para enfrentar esta situación resulta crucial. Sin embargo, la intersección de políticas irregulares y la cultura de la impunidad han permitido que las voces que claman por justicia queden ahogadas en un mar de corrupción e inércia. Las estrategias implementadas para combatir el crimen no han sido efectivas, y muchos municipios continúan bajo el yugo de bandas delictivas que imponen su propia ley.
La situación exige una reflexión profunda sobre el papel que juegan los gobiernos en la protección de sus ciudadanos y en la creación de entornos seguros para los líderes locales. La ola de violencia que se ha desatado contra aquellos que asumen cargos públicos refuerza la necesidad urgente de una evaluación de las políticas de seguridad y de la colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. Aquellos que se atrevan a desafiar a la delincuencia organizada deben contar con la protección adecuada y el respaldo de estrategias sostenibles que fortalezcan las instituciones en lugar de debilitarlas.
El futuro de los municipios, desafortunadamente, depende de la voluntad política de corregir el rumbo. Mientras se repiten estos ciclos de violencia, el riesgo es mayor: la desconfianza hacia las instituciones, la polarización social, y la pérdida de fe en la democracia, agravados por el miedo y el sufrimiento de las comunidades afectadas por el crimen. La intercesión de actores gubernamentales, junto con un compromiso genuino con la transparencia y la justicia, se torna inminente si deseamos romper este ciclo letal.
