El episodio reciente en el que se cuestionó a la diputada local en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, por tener relación con Joaquín Guzmán Loera, el famoso Chapo, así como la desatinada reacción de las dirigencias panistas estatal y nacional, demuestran que más allá de los discursos el control sobre la militancia es un tema incierto, en el que no existen lineamientos claros y mucho menos quien asuma alguna responsabilidad.
Militancia silvestre
Los militantes en los partidos son como la yerba silvestre, nadie sabe cómo crecieron en número aunque luego se aprovechen de ellos. Para nadie es un secreto que en este tema, la incertidumbre acerca de quiénes son realmente es la constante, en particular con el esquema de que son necesarios para ganar una candidatura en procesos internos.
En un par de columnas anteriores, relatamos como, en el caso del PAN, no hay control –mucho menos contacto– de sus militantes, pues el distrito en la delegación Cuauhtémoc que pusimos como ejemplo mostraba la forma en que el padrón creció en pocos meses, inscribiéndose personas que daban un correo electrónico que desaparecía en algunas semanas luego de formalizar el ingreso.
Esto es un ejemplo de la forma en que se afilian personas sólo para un uso clientelar, siendo lo vivido en Acción Nacional sólo una muestra de este aspecto.
Ni que decir del hallazgo de parte del INE, de miles de personas que se habían afiliado a más de un partido en fechas recientes. Esto provocó severos cuestionamientos a más de un organismo por la forma en que construían su padrón. Además, tenemos el dato de la reingeniería prometida para el listado de militantes del PAN, luego del triunfo de Ricardo Anaya, tema que fue encargado al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. Poco se sabe de algún avance en este sentido, pese a que el PAN es uno de los partidos que menos afiliados tiene, en teoría por eso podría ser más manejables sus cifras.
Hablar de esto con relación a otros institutos políticos es bordar sobre lo mismo, pues con cantidades superiores al millón de afiliados, es complicado conocer quiénes están ahí por convencimiento o quienes son parte de un esfuerzo corporativo.
Ahora, el caso de la legisladora local en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, ha sacado a la agenda pública las exigencias de connotados panistas para que se esclarezca la razón por la cual se le permitió competir como candidata y convertirse en miembro de la bancada panista en el Congreso estatal, considerando que en la página de la LXI Legislatura de la entidad, ella se ostenta como militante del blanquiazul desde 2011.
El silencio que se ha dado acerca de tales peticiones, es sintomático acerca de que la responsabilidad por dar seguimiento a los militantes no acaba de encontrar un lugar entre los dirigentes azules. Pero igual ha pasado con otros casos en los que militantes panistas tienen una conducta fuera de la ética. El Partido se tardó en expulsar a Edgar Borja, diputado local en la Ciudad de México, luego de que se dieran a conocer grabaciones en las que se presumía acuerdos para negocios al amparo del cargo. Otro tanto pasó con el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien quedó fuera del Partido momentáneamente para regresar y colaborar a que su hermana obtuviera una candidatura. Hasta el momento, tampoco el PAN se ha responsabilizado por Guillermo Padrés y las imputaciones que sobre él pesan por actos de corrupción.
Pero esto no es patrimonio exclusivo del azul, pues los otros partidos no cantan mal rancheras, como vimos en el caso del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira para el PRI y su reacción de apoyo; o lo que representó René Bejarano para el PRD, hoy reincorporado a sus tareas partidistas.
Para los partidos, contar con una militancia es parte fundamental de sus trabajos. Es lo que ayuda a la institución al logro de sus objetivos, además de que son parte de sus acciones proselitistas, tanto en época electoral como fuera de ella. El problema es la falta de responsabilidad institucional de la fuerza política por lo que hacen sus integrantes, ocupen un cargo de elección o no, pues su única arma es la expulsión, casi nunca una denuncia penal, lo que ha generado que no haya mecanismos internos –ni de formación o de algún otro tipo– para corregir este tipo de cuestiones.
El asunto se agrava cuando se promueven a ciudadanos sin partido para que compitan en una elección bajo unas siglas políticas, pues la cercanía o adoctrinamiento es escaso, permitiendo al instituto excusarse si la conducta no es la adecuada en algún momento, pero sin que se corrija esta asignatura.
Así, casos como el de la diputada local –pues ahora nadie sabe en el PAN de dónde salió–, exponen que los partidos se enfocan más en temas electorales pero no de formación política o seguimiento de sus miembros, pese a los cuantiosos recursos que reciben del INE para estas tareas.
Del tintero
Con la celebración de la declaratoria de constitucionalidad de la Ciudad de México, con lo que sus habitantes pasarán a ser “mexiqueños” o algo que se oiga más feo, conviene recordar que un día como hoy, pero de 1917, se aceptó la propuesta de erigir a Nayarit como un estado más de la federación.
Twitter: @AReyesVigueras
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