En 2025, México enfrenta crecientes barreras a la libertad de expresión, marcadas por iniciativas legislativas y sanciones judiciales que limitan el debate público. La aprobación de reformas al Código Penal en Puebla, que tipifican delitos como el ciberasedio, ha generado alarma por su potencial para restringir críticas en redes sociales. Estas leyes, con redacciones ambiguas, permiten a autoridades sancionar expresiones legítimas, afectando tanto a ciudadanos como a periodistas.
Un caso emblemático es el de Karla Estrella, sancionada por el Tribunal Electoral (TEPJF) tras un tuit crítico hacia la diputada Diana Karina Barreras, acusada de violencia política de género. La multa, disculpas públicas y cursos impuestos a Estrella reflejan un uso cuestionable de la justicia para silenciar opiniones, desatando un debate sobre censura disfrazada de protección. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la sanción como excesiva, pero no revirtió la tendencia de control.
Además, la Ley de Telecomunicaciones propuesta por Morena otorga a la Agencia de Transformación Digital facultades para bloquear plataformas digitales sin orden judicial, un mecanismo que opositores llaman “Ley Censura”. Esta iniciativa, junto con la eliminación del INAI, debilita la transparencia y facilita la opacidad gubernamental.
El periodismo enfrenta agresiones constantes: en 2024, Artículo 19 registró 639 ataques a comunicadores, con un 44.91% atribuidos a agentes estatales. En 2025, casos como el de Jorge González Valdez en Campeche, quien enfrentó censura judicial, evidencian el uso del sistema legal para acallar voces críticas.
Organizaciones como la CNDH y Human Rights Watch alertan que estas medidas, sumadas a reformas que criminalizan protestas, configuran un entorno hostil para la libertad de expresión, evocando prácticas autoritarias. México, uno de los países más peligrosos para la prensa, ve cómo la censura se sofistica, utilizando el acoso judicial y la vigilancia digital para controlar narrativas.
La sociedad mexicana enfrenta un dilema: equilibrar la protección contra la violencia de género con el derecho a la crítica sin que se criminalice la disidencia. La lucha por preservar la libertad de expresión requiere un esfuerzo colectivo para resistir estas barreras y garantizar un debate público libre.
México: ¡Silencio Informativo, Democracia en Riesgo!
En México, la libertad de expresión y el acceso a la información se enfrentan a un panorama complejo y desafiante, según el informe «Barreras Informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información» de ARTICLE 19. Este análisis independiente revela cinco barreras críticas que minan estos derechos fundamentales, esenciales para una sociedad democrática y bien informada.
La primera barrera es el «apagón de la transparencia». La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), justificada como medida de austeridad, ha resultado en una mayor opacidad gubernamental. La fragmentación de sus funciones entre distintos órganos internos sin independencia real genera un caos institucional, dificultando el acceso a documentos y fomentando la corrupción y violaciones a derechos humanos. Esto afecta el derecho a la memoria y la verdad, especialmente en relación con archivos históricos sensibles.
La segunda barrera es el «Estado digital y la vigilancia». Aunque la digitalización gubernamental se promueve para la eficiencia, también avanza un sistema de vigilancia y control informativo que centraliza datos personales. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituye al IFT, asume la política digital, incluyendo la soberanía tecnológica y la identidad digital. El informe destaca el abuso de tecnologías emergentes, como la recolección de datos biométricos y sistemas de vigilancia, sin la supervisión adecuada, poniendo en riesgo la privacidad y otros derechos fundamentales.
En tercer lugar, la «persistente violencia contra la prensa» continúa siendo una de las amenazas más graves. En 2024, ARTICLE 19 documentó 639 agresiones contra periodistas, un aumento del 13.9% respecto al año anterior. Cinco periodistas fueron asesinados en el último año del gobierno de López Obrador y los primeros meses del de Sheinbaum. El acoso judicial (21 casos documentados en 2024), el uso de discursos estigmatizantes desde conferencias oficiales, y la impunidad, donde el 84.77% de los casos de violencia contra la prensa siguen sin resolución, refuerzan la autocensura y crean «zonas de silencio» donde el periodismo no puede operar de forma segura. Las autoridades públicas siguen siendo los principales agresores, responsables de casi el 45% de las agresiones.
La «transición al olvido» es la cuarta barrera, caracterizada por un tratamiento oficial de la memoria histórica que oscila entre gestos simbólicos y la omisión de la justicia. A pesar de un reconocimiento simbólico de la masacre de 1968, se ignoran informes sobre la participación del Ejército en represiones pasadas, y la búsqueda de verdad en casos como Ayotzinapa se ve obstaculizada por la lealtad a las Fuerzas Armadas y el cierre de archivos clave.
Finalmente, la «incertidumbre institucional» persiste, con fiscalías que siguen siendo un obstáculo para el acceso a la justicia. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) cuenta con un presupuesto anual limitado (apenas $18.6 millones de pesos), lo que resulta en impunidad para la mayoría de los casos. La reducción presupuestal a instituciones clave para las víctimas, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, contrasta con la acumulación de recursos y atribuciones por parte del Ejército.
México se encuentra en una crisis informativa que amenaza con borrar el pasado y oscurecer el futuro. La opacidad, la violencia, la vigilancia digital y la falta de garantías para el derecho a la verdad crean un entorno donde la información se oculta, las voces críticas se inhiben y la justicia se evade28. El gobierno actual tiene la oportunidad de revertir estos patrones históricos y fortalecer la democracia.
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