El panorama político en México se oscurece con señales de creciente censura e intolerancia. Recientes eventos sugieren un esfuerzo coordinado para silenciar voces críticas, tanto en redes sociales como en el periodismo, mientras el poder judicial se perfila como un instrumento de control. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, desató controversia al publicar un mensaje en redes sociales insinuando una «venganza» contra críticos con la llegada de un «nuevo» poder judicial. Esta declaración, interpretada como una amenaza, coincide con reformas judiciales que han generado temores sobre la pérdida de independencia en el sistema judicial mexicano, especialmente tras la elección de jueces afines al partido gobernante, Morena.
Por su parte, Sabina Berman, conocida por su cercanía al régimen, propuso establecer leyes para castigar a periodistas que «mientan», sin especificar quién determinaría qué constituye una mentira. Esta ambigüedad plantea un riesgo claro: el poder judicial, potencialmente alineado con el gobierno, podría convertirse en el árbitro de la verdad, abriendo la puerta a la persecución de medios críticos. La propuesta de Berman se enmarca en un contexto donde la libertad de prensa ya enfrenta graves amenazas. Según ARTICLE 19, durante el sexenio de López Obrador, al menos 163 periodistas fueron asesinados, y la impunidad en estos casos supera el 98%. La retórica oficial, que tilda a los medios de «corruptos» o «conservadores», ha creado un ambiente hostil para el periodismo.
A esto se suma el caso de Pío López Obrador, hermano del ex presidente, quien insiste en ser víctima de difamación tras la difusión de videos que lo muestran recibiendo dinero en sobres amarillos. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) abandonó su investigación por falta de acceso a información, Pío se proclama exonerado y busca demandar al periodista Carlos Loret de Mola, quien publicó los videos. Este caso ejemplifica cómo figuras cercanas al poder utilizan el sistema judicial para intimidar a la prensa, una táctica que se intensifica con la disolución del INAI, organismo clave para la transparencia, reemplazado por una secretaría controlada por el gobierno.
Estos eventos apuntan a un patrón de control informativo y represión. La combinación de un poder judicial potencialmente politizado, propuestas para regular la «verdad» y el uso de demandas para silenciar periodistas sugiere un retroceso democrático. México, ya considerado uno de los países más peligrosos para la prensa, podría entrar en una etapa de mayor intolerancia si estas tendencias persisten. La sociedad civil y la comunidad internacional deben permanecer vigilantes ante un posible giro autoritario que amenace la libertad de expresión y el derecho a la información.
There is no ads to display, Please add some
