Bruselas

El mundo ha vuelto a sufrir una terrible conmoción: los atentados suicidas de Bélgica. A las 8 de la mañana del 22 de marzo, en Bruselas, en el aeropuerto de Zaventem, Ibrahim El Bakraoui y Najim Laacharaou se suicidaron para matar a muchas personas inocentes. Después, el hermano del primero se hizo estallar en un vagón del metro de la capital europea. Al menos 31 muertos y 270 heridos, más las incontables víctimas indirectas que genera el dolor y el miedo, nos arrastran abruptamente a la dura realidad del terrorismo. Una minoría tan insensata como violenta, que se hace llamar Estado Islámico, trata de imponer por la fuerza sus convicciones religiosas y políticas sin importar el costo humano. Es más, ya ni se sabe a nombre de quién se genera tanto dolor.

La indignación es mundial, sí. Pero también es global la incapacidad para hacer frente a esta terrible calamidad. Hay un elemento que en especial es preocupante: la falla de los mecanismos legales para inhibir, desarticular, evitar o prevenir la realización de actos tan bestiales. Por una parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sorprendió al mundo con un señalamiento público preocupante: el gobierno turco había detenido ya a uno de los autores de los atentados de Bruselas, pero éste había sido liberado. El ministro de Justicia belga, Koen Geens, señaló que para ellos era “un delincuente común en libertad condicional”. Allá sí hay consecuencias, y Geens aceptó este garrafal error y renunció, aunque el primer ministro no ha aceptado aún esta dimisión.

Muchas preguntas surgen: ¿Este terrorista fue liberado por una falla en la procuración de justicia de ese país?; ¿o fue liberado precisamente por el buen funcionamiento del sistema de justicia, que no fue diseñado para actos terroristas sino para otras hipótesis jurídicas?; ¿qué llevaron a este sujeto a su libertad y a la comisión de un atentado tan bárbaro?; ¿dónde encontrar el equilibrio? Sin duda estas preguntas obligarán a replantear internacionalmente el tema del combate legal al terrorismo.

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Por si fuera poco, el Washington Post habla de graves fallas de las fuerzas de seguridad en Bélgica. Señala, por ejemplo, que el Código Penal del país prohíbe operativos entre las 9 y las 17 horas, lo cual hizo que nunca pudieran detener a uno de los autores intelectuales de los ataques en París. También señala que el hecho de que existan seis fuerzas policiales que obedecen a autoridades distintas, no les permite compartir eficazmente la información. Sí, eso pasa en Bruselas, sede de la UE y donde hay más de 2 mil 500 agencias internacionales. Imagínense en otros países más grandes y con menos fortalezas institucionales.

Estos nuevos atentados, al igual que los que la organización terrorista ISIS ha perpetrado en Yemen, Nigeria, París y otros puntos del globo, nos recuerdan que los pensamientos violentos se vuelven con frecuencia palabras violentas, y éstas se vuelven acciones violentas. Y la violencia genera más violencia: ahí vemos a Trump burlándose de Bélgica, diciendo que “Bruselas antes era una gran ciudad” y encontrando razones para apoyar sus ideas de deportaciones masivas de musulmanes.

Por eso, quienes creemos que “la paz es el camino” no podemos caer en la tentación de responder al odio con más odio. Frente a la violencia del terrorismo, está el Estado eficaz, pero también la esperanza de la acción pacífica, de la inclusión, del perdón, de la reconciliación. No bastará quitar muros. La inclusión, la defensa de la dignidad de la persona requiere mucho más y de un esfuerzo colectivo mayor.

Entre los muertos de Bruselas está una joven de 27 años, Lauriante Visart, hija de un periodista. Su padre habló en los medios sobre los sueños de su hija y dijo: “Sé bien que la seguridad es indispensable. Pero creo que si levantamos barreras, si cultivamos el odio, nos estrellaremos con ese muro”.