¡Ay, Baja California! Otra vez el pleito entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla nos regala un capítulo más de telenovela política con olor a venganza y sin final feliz. Bonilla, que anda vinculado a proceso por el caso Next Energy —ese contrato millonario para una planta de energía solar que nunca se construyó, pero sí dejó acusaciones de peculado, abuso de autoridad y uso indebido de facultades—, salió otra vez a acusar a la mandataria de tener nexos con el crimen organizado. Dijo que ella y su exmarido encabezan una red de tráfico de drogas, que el narco está metido hasta el tuétano en los tres niveles de gobierno y hasta soltó que por eso le retiraron visas a la familia.
La respuesta de Marina del Pilar no se hizo esperar y fue directa, como debe ser cuando te tiran lodo sin pruebas: “Es indigno hacer acusaciones tan serias sin presentar evidencia, sólo con la intención de difamar”. La gobernadora lo llamó irresponsable, mentiroso y hasta le achacó estar haciendo rabietas para desviar la atención de sus propios líos judiciales. Y tiene razón en exigir pruebas: acusar de narco a una gobernadora en funciones no es cosa de “se dice por ahí”, es algo que merece carpetas, testigos y no solo micrófono abierto.
Lo irónico del asunto es que mientras Bonilla lanza estas bombas, un tribunal electoral ya lo sancionó por violencia política en razón de género contra Marina del Pilar. Lo inscribieron en el padrón de violentadores, le pusieron amonestación pública y le mandaron a tomar un curso de perspectiva de género. O sea, el mismo que denuncia “persecución” ahora carga con una sanción oficial por sus dichos previos.
El pleito huele a sucesión. Ambos son de Morena (aunque Bonilla ahora anda más con el PT), y el coraje parece venir de la lucha por el control del estado y las candidaturas que vienen. Uno defiende su gestión diciendo que lo persiguen por hablar claro; la otra protege la institución y los recursos públicos que, según denuncias, se arriesgaron en contratos dudosos durante la administración anterior.
Al final, el ciudadano de a pie ve el espectáculo y se pregunta lo mismo de siempre: ¿dónde quedaron las pruebas, la responsabilidad y el interés por Baja California? Porque mientras ellos se echan lodo, el narco sigue operando, la luz prometida no llega y los problemas reales del estado siguen sin resolverse. Pleito de egos que, como dice el dicho, “ni modo que les salga gratis”.
