En nuestro sistema constitucional existen tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal. Esa misma jerarquía marca la dificultad para exigir responsabilidades a sus titulares. El Presidente, intocable. Los gobernadores como que no tan fácil. Por eso a los alcaldes –de vez en cuando– les toca bailar con la más fea.
En Nuevo León se está dando una gran casualidad. Al menos seis alcaldes son examinados por las autoridades judiciales para someterlos a proceso por peculado. Lo curioso del caso es que dispusieron de dinero público precisamente para protegerse del costo de posibles litigios en su contra.
Los procesos por docena se dan porque como que se contagiaron unos a otros.
No poco intrigante es el hecho de que varios de ellos contrataron exactamente al mismo abogado para que fuera el que proporcionara los servicios legales en caso de que se ofreciera.
El abogado prepagado genera dos categorías nuevas en el PUP, diría don Hermenegildo Torres. Una al que lo contrató y otra al abogado que no previó que sus honorarios tenían precisamente un origen indebido, ilícito y que en consecuencia le generaría trabajo… y problemas.
Este episodio lo menciono como ejemplo claro del grado de descomposición social que existe actualmente. La cultura jurídica está por los suelos, en parte porque, como hemos vivido décadas bajo la justicia escrita, de expediente cosido y de audiencias prácticamente privadas, no hay dónde aprender el derecho vigente.
No menos importante que la descomposición social son los efectos de vivir la impunidad como regla, no como excepción. A nadie le preocupa la ley. Sufrir la ley es como jugar a la lotería sabiendo lo difícil que es ganarla. A los alcaldes en cuestión seguramente les pareció una idea brillante ésa de blindarse contra litigios o riesgos legales futuros.
La idea suena muy bien, pero si el dinero es público no lo es tanto. Es delito usar dinero público para pagar un servicio privado.
Los casos hasta ahora mencionados hacen suponer que estamos frente a situaciones evidentes y plenamente probadas. La ventaja que en este caso tiene la justicia no sólo es eso, sino que los alcaldes ya dejaron de serlo y como ciudadanos comunes no gozan de fuero.
Quizá lo que pudiera tener un poco más tranquilos a los alcaldes con poca pena es que estarán enfrentando un procedimiento penal nuevo con muchos recovecos aún no aclarados, y que podrían, en un momento dado, mantenerlos fuera de la cárcel durante su tramitación hasta llegar a una sentencia definitiva.
Aún así, podemos entonces decir que el nuevo procedimiento penal que cobró vigencia para toda la república se va prácticamente a estrenar –y a someter a prueba– con seis exalcaldes que han cometido al menos una misma falta.
Con el Ministerio Público y el Fiscal Especial para delitos de funcionarios y exfuncionarios ya encarrerados y tomando cada vez mayor velocidad, podrían fácilmente asomarse a ver qué otros trapitos dejaron guardados. Si tuvieron la osadía de tomar dinero para blindarse, esto apunta a que está pletórico de insinuaciones.
Ahora bien, la gente del pueblo puede ignorar el contenido de las leyes, pero no es mala para intuir cuando algo huele mal, muy mal. En este caso del blindaje contra demandas y denuncias, no creo que exista alguien que no exija el peso completo de la ley, pésele a quien le pese.
Por último, todo indica que en este caso del prepago de servicios legales los partidos no van a poder intercambiar favores para que el Fiscal se haga de la vista gorda. Tampoco tiene intervención el Congreso.
El show de los alcaldes sin pena (sin rubor y sin castigo) está por empezar y se pondrá muy interesante. Ojalá sirva para disuadir a otros que apenas empiezan en la vida política.
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