A casi dos años del inicio del gobierno del Presidente Peña Nieto, nuestro país atraviesa por un momento delicado, de profunda debilidad en materia de credibilidad en el combate a la corrupción; lo que, como ya se ha advertido en distintos espacios, puede traducirse en una crisis de legitimidad de todo el sistema político, si no se actúa de manera clara y contundente.
Las noticias ampliamente difundidas sobre una casa, propiedad de la esposa del Presidente, han despertado numerosos cuestionamientos en la opinión pública.
Si bien la decisión de explicar el procedimiento de adquisición del inmueble y de publicar íntegramente la declaración patrimonial del Presidente es correcta, el hecho evidente es que aún persisten dudas sobre la existencia de un conflicto de intereses.
El Partido Acción Nacional considera que se requieren acciones más contundentes que disipen cualquier duda sobre posibles violaciones a las leyes mexicanas, en especial, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos y la Ley de Obras Públicas.
El Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya, ha pedido al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, promover la creación de una Comisión Especial, responsable de investigar el caso.
En el mismo sentido, ha solicitado al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, poner el máximo cuidado, la máxima atención y la máxima diligencia en el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción,que tendrá lugar en los próximos días. El Fiscal deberá contar con la solvencia moral y la capacidad técnica para estar a la altura de los retos y desafíos que México enfrenta.
Ambos órganos, la comisión especial y la fiscalía, deberán abocarse, de inmediato, a disipar los cuestionamientos que persisten en la opinión pública, señaladamente los siguientes: ¿Cuál fue el motivo y, en su caso, la consecuencia legal, de que el Presidente no haya incluido en su declaración patrimonial los bienes de su cónyuge?; ¿cuál es el fundamento legal de la decisión del Presidente de revocar el fallo de la licitación del tren rápido México-Querétaro, reponiendo el procedimiento desde el inicio?; ¿a cuánto asciende la indemnización que el Gobierno de la República deberá cubrir a los ganadores de la licitación?; ¿existe un conflicto de intereses en torno al contratista y a la vez dueño de la casa?
La conveniencia de que tales cuestionamientos sean aclarados, justifica plenamente la necesidad de que este tema se procese de manera imparcial y transparente; sin juicios anticipados y sin encubrimiento.
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