Durante el año 2024, los organismos garantes estatales ejercieron un presupuesto total de 1506.6 millones de pesos, lo que representa un incremento del 11.5 por ciento en comparación con el año 2022 a precios comparables. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer esta información al presentar los resultados del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2025.
El informe detalla la gestión y el desempeño de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales en las entidades federativas. Las cifras estadísticas recopiladas corresponden a un periodo de transición marcado por la reforma constitucional de diciembre de 2024, proceso que implicó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los organismos garantes estatales, sin incluir los registros de Baja California y Zacatecas.
En el apartado de solicitudes, los organismos garantes recibieron 12 488 peticiones de acceso a la información pública durante 2024, de las cuales respondieron 12 437 y dejaron 147 pendientes de concluir. En cuanto a la protección de datos personales, se contabilizaron 685 solicitudes recibidas, 681 respuestas emitidas y seis pendientes al cierre del año. Al comparar estos rubros con los datos de 2022, las solicitudes de acceso a la información disminuyeron un 32.1 por ciento en su recepción y un 31.8 por ciento en las respuestas, mientras que las de protección de datos bajaron un 18.6 por ciento.
Respecto a los medios de impugnación, el censo registró 48 045 recursos de revisión durante 2024, de los cuales 46 034 fueron resueltos y 8927 quedaron pendientes al finalizar el ejercicio. El 97.9 por ciento de dichos recursos se originó por solicitudes de acceso a la información pública. Ante el incumplimiento de las determinaciones emitidas por las autoridades garantes, se impusieron 5383 medidas de apremio, cifra que representa un aumento del 40.2 por ciento frente a lo reportado en 2022, siendo la amonestación pública el recurso más frecuente con el 43.8 por ciento del total.
