El World Justice Project (WJP) no publicó un ranking de países corruptos. Lo que difundió el 21 de octubre es su Índice de Estado de Derecho 2026, donde la corrupción es solo uno de ocho factores. El matiz importa, porque los resultados de México son más graves cuando se leen completos.
México pasó del lugar 121 en 2025 al 125 en 2026, y su puntuación bajó de 0.40 a 0.39. Esa calificación queda muy por debajo del promedio global de 0.55. El retroceso acumulado frente a 2021 es de 8.4 por ciento. El país ocupa además el lugar 28 de 32 en América Latina y el Caribe, y el 43 de 44 entre las economías de ingreso mediano alto. Un año antes era el 38 de 41 en este último grupo, de modo que la comparación también empeora entre pares.
En ausencia de corrupción, México obtuvo 0.26 puntos, el lugar 135 de 143 y el 29 de 32 en la región. Un año antes tenía 0.27 y el lugar 134. El deterioro anual es marginal, pero el dato duro es la permanencia: el país sigue anclado entre los diez peores del mundo en este factor.
El resultado más severo está en otro lado. La justicia penal cayó 21.2 por ciento entre 2021 y 2026 y quedó en 0.22 puntos. Es la calificación más baja de los ocho factores y ubica a México en el lugar 139 de 143. Esa cifra complica la narrativa de combate a la corrupción, porque sin investigación eficaz ni sanción no hay disuasión. El propio índice evalúa si la policía investiga, si el Ministerio Público integra bien las carpetas, si hay juicios imparciales y si se castiga el delito.
El tercer punto de fricción es el poder. Los límites al poder gubernamental cayeron 11.6 por ciento desde 2021, con 0.39 puntos y el lugar 109 mundial. En 2025 México ocupaba el 108 en ese factor. Una corrupción que no se castiga y un poder con menos contrapesos no son problemas separados: se retroalimentan. En la justicia civil el resultado fue de 0.34 puntos y el lugar 135, y en cumplimiento regulatorio, de 0.41 y el 118, dato relevante para quien invierte o contrata.
El único consuelo es el gobierno abierto. Fue el componente mejor evaluado, con 0.54 puntos y el lugar 57 de 143, aunque con un retroceso de 9.9 por ciento desde 2021. El año pasado ocupaba el 54. Incluso el mejor renglón se desgasta.
Hay argumentos para matizar. Los defensores del gobierno pueden señalar que el índice se construye con encuestas a hogares y consultas a especialistas, es decir, mide percepción y experiencia, no expedientes ni sentencias. También pueden alegar que las reformas institucionales recientes necesitan tiempo para reflejarse en los datos. Son objeciones legítimas, pero tienen límites. La tendencia lleva años, no meses, y el índice mide cómo viven las personas la ley, que es lo que más pesa en la confianza ciudadana.
La crítica de fondo apunta a que el discurso oficial sobre honestidad pública no se traduce en mejores percepciones ni en justicia que funcione. A su vez, quienes celebran el índice como sentencia definitiva olvidan que un descenso de un punto centesimal cabe en el margen de error de cualquier encuesta. Lo sustantivo es la posición estructural: entre los últimos lugares del mundo en justicia penal y corrupción, durante varios años consecutivos.
La pregunta que queda no es si México cayó cuatro lugares, sino qué evidencia verificable, en investigaciones concluidas, sanciones aplicadas y contrapesos operando, demostrará que el rumbo puede cambiar. Mientras no aparezca, el índice seguirá diciendo lo mismo con distintas cifras.
