Cambiar la forma en que se registran y gestionan las propiedades no es un simple ejercicio tecnológico. Está en juego el patrimonio de millones de mexicanos. Una casa no es solo una propiedad en una base de datos. Para muchas familias, representa décadas de trabajo, ahorro y sacrificio; es un patrimonio que esperan dejar a sus hijos.
La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización de los Sistemas Catastrales y Registrales, promovida por el partido gobernante y aprobada por el Congreso, busca modernizar los registros, facilitar trámites y combatir irregularidades. Pero la buena intención no responde las preguntas fundamentales: cómo se hará, quién controlará la información y qué garantías tendrán los ciudadanos. Una promesa no sustituye una protección escrita en la ley.
La reforma judicial y la desaparición del INAI ofrecen antecedentes que merecen atención. En ambos casos, los cambios se presentaron como mejoras para el país, pero su implementación abrió cuestionamientos sobre su funcionamiento y las garantías para los ciudadanos. La lección es clara: las reformas de gran alcance deben prever sus consecuencias antes de entrar en vigor, no corregirlas cuando los problemas ya afectan a la gente.
En materia catastral, la preocupación es concreta. La información sobre una persona puede vincularse con sus propiedades y su situación patrimonial. ¿Quién podrá acceder a esos datos y con qué propósito? ¿Qué responsabilidades habrá si se filtran o utilizan indebidamente? ¿Cómo podrá una familia corregir un registro erróneo antes de que afecte sus derechos? La modernización requiere reglas claras, protección de datos y controles efectivos.
Modernizar no significa cobrar más, pero tampoco garantiza que no se cobre más
Morena puede afirmar que la ley no crea un nuevo impuesto, pero eso no elimina la preocupación por sus posibles efectos fiscales. El monto del predial depende, entre otros factores, de los valores catastrales, las tasas y las disposiciones aplicables en cada entidad y municipio. Actualizar la información no implica automáticamente un aumento, pero tampoco permite descartarlo. Las familias necesitan garantías frente a posibles incrementos derivados de esa actualización.
El tema importa especialmente en un país donde muchas personas construyen su vivienda poco a poco, conforme se los permiten sus ingresos. Una actualización del valor catastral puede tener consecuencias en el cálculo del predial. Por eso, cualquier cambio debe contemplar medidas de protección y mecanismos graduales que eviten trasladar cargas difíciles de absorber a quienes han dedicado buena parte de su vida a construir un patrimonio.
También está en juego el federalismo. El proyecto establece mecanismos de coordinación y estandarización nacional, pero su aplicación debe respetar las atribuciones de los municipios. El artículo 115 constitucional reconoce facultades municipales en materia de hacienda y contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. La coordinación tecnológica no significa, por sí misma, que la Federación se apropie del predial; sin embargo, deben existir límites claros para impedir que los instrumentos nacionales reduzcan la capacidad de los gobiernos locales para administrar sus funciones y responder ante sus ciudadanos.
La modernización tampoco puede convertirse en una barrera para quienes tienen dificultades para acceder a la tecnología. Si Llave MX se exige para determinados trámites, deben existir alternativas accesibles para las personas mayores, las comunidades rurales y quienes no cuentan con internet o tienen dificultades para identificarse por medios digitales. Ejercer un derecho no debe depender de tener un teléfono inteligente.
Lo mismo ocurre con las notificaciones electrónicas. La ley debe establecer cuándo se consideran legalmente recibidas, cómo puede una persona consultarlas y qué medios tiene para defenderse si no pudo acceder a ellas. Un trámite digital no puede convertirse en una razón para perder la oportunidad de ejercer un derecho.
La certeza jurídica sobre la propiedad también importa en el campo. Los ejidos y las comunidades agrarias tienen particularidades que no pueden tratarse como si fueran simples predios privados. La armonización de los registros debe contemplar una coordinación clara con las autoridades agrarias, incluido el Registro Agrario Nacional. De lo contrario, las diferencias entre sistemas podrían generar incertidumbre sobre los derechos de las personas y las comunidades. Modernizar la información debe dar mayor certeza sobre la tierra, no abrir nuevas controversias.
Otro aspecto indispensable es la supervisión de las plataformas y los sistemas que concentrarán información. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones participa en la política digital del Gobierno federal y en la coordinación de infraestructura tecnológica. La concentración de funciones exige contrapesos, transparencia y responsabilidades definidas. Si un sistema impide realizar un trámite o afecta los derechos de una persona, debe haber una autoridad capaz de revisar el caso y corregir el problema. La tecnología debe acercar el Gobierno a la gente, no crear nuevas barreras.
Ante cambios de esta magnitud, el Senado debía escuchar a los municipios, examinar los riesgos y garantizar que la modernización respetara la autonomía local y protegiera a los propietarios. No bastaba con votar a favor o en contra: era necesario evaluar cómo se aplicaría la ley, cuánto costaría su implementación y qué recursos tendrían las autoridades locales para cumplirla.
La reforma judicial y la desaparición del INAI dejan una lección que no debemos ignorar: las promesas no sustituyen las garantías ni eximen de rendir cuentas. Modernizar no significa centralizar; digitalizar no garantiza seguridad, y actualizar el catastro no permite descartar efectos fiscales. Cada cambio necesita reglas claras, controles efectivos y responsabilidades definidas.
La reforma judicial y la desaparición del INAI dejan una lección que no debemos ignorar: las promesas no sustituyen las garantías ni eximen de rendir cuentas. Modernizar no significa centralizar; digitalizar no garantiza seguridad, y actualizar el catastro no permite descartar efectos fiscales. Cada cambio necesita reglas claras, controles efectivos y responsabilidades definidas.
El patrimonio familiar y la autonomía municipal necesitan certeza, recursos y garantías. Cuando una reforma falla, el discurso oficial no paga la cuenta; la gente sí.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
