El abucheo que recibió el senador Alejandro Murat durante un evento en Oaxaca, y la posterior defensa que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum —»aunque no les guste»— reabrió una discusión que Morena ha intentado mantener bajo control: la convivencia, muchas veces incómoda, entre la militancia original del partido y los cuadros que llegaron de otras fuerzas políticas, principalmente del PRI, en los últimos ciclos electorales.
El caso de Murat resulta especialmente sensible por su trayectoria. Fue gobernador de Oaxaca por el PRI entre 2016 y 2022, hijo de otro exgobernador priista, José Murat Casab, y solo hasta finales de 2023 formalizó su incorporación a Morena, tras el proceso de selección del Frente Amplio por México. Su llegada al Senado en 2024 lo colocó en una posición de poder que, para una parte de la base morenista, contrasta con años de militancia, movilización territorial y, en algunos casos, represión sufrida bajo gobiernos priistas anteriores a la Cuarta Transformación.
La defensa presidencial no es un hecho aislado. Sheinbaum ha respaldado públicamente en más de una ocasión a gobernadores y legisladores señalados por su origen partidista distinto, argumentando que la prioridad es la unidad del proyecto y no el pasado político de sus integrantes. Este discurso responde a una lógica de gobernabilidad: Morena necesita cuadros con experiencia administrativa y capacidad de movilización regional para sostener mayorías legislativas y gubernaturas de cara a 2027. Sin embargo, ese mismo argumento alimenta el malestar de sectores fundacionales del partido, que consideran que la incorporación de exmilitantes priistas, panistas o de otras fuerzas diluye la identidad original del movimiento y premia a quienes en el pasado combatieron sus causas.
Analistas señalan que este fenómeno, conocido coloquialmente como «chapulineo», no es privativo de Morena; ha sido una constante en la política mexicana durante décadas, practicada por el PRI, el PAN y otros partidos. Lo distintivo en este caso es que Morena construyó buena parte de su capital político denunciando precisamente esas prácticas como símbolo de la vieja política, lo que genera una contradicción discursiva que la oposición no ha dejado de señalar. Voces críticas del PAN y el PRI han utilizado episodios como el de Murat para argumentar que el partido en el poder replica los vicios que decía combatir, mientras que defensores del oficialismo insisten en que la pluralidad interna es señal de fortaleza y capacidad de convocatoria, no de traición ideológica.
El riesgo electoral es el punto donde coinciden distintas lecturas, aunque con matices. Algunos estrategas advierten que la fractura entre «los de siempre» y los «recién llegados» podría traducirse en abstención o desmovilización de bases duras en estados donde la disputa por candidaturas locales para 2027 ya genera tensión, como Oaxaca, Chiapas o el Estado de México. Otros consideran que, mientras la aprobación presidencial se mantenga en niveles altos, estos episodios de abucheo tienen un impacto marginal en el resultado electoral, y funcionan más como termómetro de inconformidad interna que como amenaza real a la hegemonía del partido.
Lo que sí parece claro es que la gestión de estas tensiones internas exigirá a la dirigencia morenista un ejercicio de equilibrio: sostener alianzas con cuadros de trayectoria diversa sin erosionar la cohesión de su militancia histórica, en un contexto donde la responsabilidad política de cada decisión de campaña será evaluada tanto por adversarios como por sus propias bases.
