Cuando Claudia Sheinbaum aún era presidenta electa, un funcionario de su propio equipo lanzó una advertencia que hoy se lee como profecía cumplida: si López Obrador les parecía duro, aún no habían visto nada, porque ella sería radical. Esa confidencia, revelada por el columnista Salvador García Soto, condensa un debate que la 4T prefiere evadir: el de si el gobierno de la «presidenta científica» ha profundizado, con métodos más sofisticados, el autoritarismo que se le atribuía a su antecesor.
Del control narrativo a la censura legislativa
La disputa dejó de ser retórica en mayo de 2026, cuando el Ejecutivo envió al Congreso una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que, en su redacción original, contemplaba penas de tres a siete años de prisión por el uso no autorizado de la identidad gráfica institucional del Estado. Caricaturistas y organizaciones de libertad de expresión advirtieron que la ambigüedad del texto podía criminalizar la sátira política, una tradición que en México antecede en dos siglos a la propia Presidencia. La bancada oficialista respondió con ajustes: Sheinbaum pidió explícitamente que se excluyeran las conductas con fines periodísticos, humorísticos, satíricos y de parodia, y el Senado redujo la pena original y acotó el delito a los fraudes cometidos con fines de engaño. El oficialismo sostiene que nunca hubo intención censora; la oposición replica que la primera versión, la que sí llegó a comisiones, retrata mejor el instinto original del poder que su corrección posterior.
Ese patrón —proponer, generar alarma, matizar— se repite también en el terreno de la protesta social. Durante la inauguración del Mundial 2026, colectivos de familias con personas desaparecidas marcharon hacia el estadio coreando «México, campeón en desaparición», frente a un operativo policial que desplegó vallas de concreto y policías con escudos antidisturbios para impedir que la manifestación llegara al recinto. El gobierno insistió en que no reprimiría las protestas, pero los hechos documentados por la prensa mostraron otra cosa.
Las deudas pendientes del «llegamos todas»
El eslogan que acompañó la primera presidencia autodefinida como feminista de México se tensa frente a cifras que no ceden: las organizaciones civiles calculan que el país supera las 130 mil personas desaparecidas, una cifra que ha crecido de forma constante en las últimas dos décadas. Cuando colectivos de búsqueda reclamaron no ser recibidos, la propia presidenta respondió que sí sostiene reuniones con madres buscadoras, solo que evita «hacer propaganda» de ellas. Es una respuesta que puede leerse de dos maneras: como prudencia institucional que rehúye la instrumentalización del dolor ajeno, o como opacidad deliberada que diluye la responsabilidad política frente a una crisis humanitaria. La ambigüedad no es menor tratándose de un régimen que basa buena parte de su legitimidad en la comunicación directa y cotidiana con la ciudadanía.
Gobernabilidad o concentración de poder
Los defensores de Sheinbaum argumentan que hablar de «autoritarismo» banaliza el término: la presidenta gobierna con el respaldo electoral más amplio de la historia reciente, impulsa reformas aprobadas por mayorías legislativas legítimas y ha corregido, cuando la crítica fue oportuna, las iniciativas más polémicas. Bajo esa lectura, lo que unos llaman represión es simple mantenimiento del orden público en un evento de seguridad extrema como un Mundial de fútbol, y lo que se tacha de censura es apenas protección razonable de símbolos institucionales frente al fraude comercial.
Sus críticos responden que el patrón importa más que la corrección técnica: una ley que nace con penas de cárcel para la parodia, un aparato de seguridad que contiene marchas de madres buscadoras y una narrativa presidencial que minimiza la violencia desde el podio de las mañaneras dibujan, en conjunto, un ejercicio del poder que privilegia el control del relato sobre la rendición de cuentas.
Entre la advertencia anónima de 2024 y los hechos documentados de 2026 hay una línea que cada lector deberá trazar por sí mismo. ¿Estamos ante el fortalecimiento institucional que promete el discurso oficial, o ante la consumación gradual de la profecía que un funcionario del propio gobierno se atrevió a susurrar antes de que comenzara?
