Los datos duros de julio confirman una paradoja que la retórica catastrofista y el triunfalismo oficial suelen evitar por igual: México generó más plazas laborales en el último año, pero la calidad de esas plazas se deterioró de manera medible. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, publicada este 24 de julio, ofrece una fotografía que desmiente tanto el optimismo gubernamental como el pesimismo absoluto de columnistas como Carlos López Jones, quien en su más reciente entrega sostiene que el país «se ató de manos» ante el crimen organizado y las presiones comerciales de Washington.
Las cifras oficiales muestran que la población económicamente activa alcanzó 61.9 millones de personas en junio, un aumento marginal de apenas 48 mil respecto al mismo mes de 2025. La tasa de participación económica, sin embargo, cayó un punto porcentual completo, hasta 58.8 por ciento, con un desplome más pronunciado entre los hombres (1.3 puntos) que entre las mujeres. Es decir, proporcionalmente menos personas en edad de trabajar buscan hacerlo o lo consiguen, un fenómeno que rara vez se lee como síntoma de desánimo laboral y que merece más atención de la que recibe en el debate público.
La población ocupada, de hecho, se contrajo en 84 mil personas en términos anuales, mientras que la desocupación subió en 132 mil. La tasa de desocupación pasó de 2.7 a 2.9 por ciento. Son variaciones pequeñas en términos absolutos, pero relevantes porque contradicen la narrativa de que el mercado laboral mexicano simplemente sigue absorbiendo mano de obra sin fricciones.
El dato más incómodo, sin embargo, no es la desocupación sino la calidad del empleo existente. La tasa de condiciones críticas de ocupación —que mide ingresos insuficientes o jornadas inadecuadas— subió de 36.7 a 38.5 por ciento de la población ocupada. La informalidad laboral también creció, de 54.8 a 55.0 por ciento, y la ocupación en el sector informal avanzó de 28.8 a 29.8 por ciento. En otras palabras: más de la mitad de quienes trabajan en México lo hacen fuera de cualquier esquema de seguridad social, y esa proporción no disminuye, aumenta. Aquí conviene una pausa: la única mejora clara del periodo, la caída de la subocupación de 7.4 a 6.6 por ciento, contrasta de forma incómoda con el deterioro simultáneo de las condiciones críticas de ocupación. Ambos indicadores miden insuficiencia laboral desde ángulos distintos, y su divergencia sugiere que menos personas buscan más horas de trabajo no porque estén satisfechas, sino porque sus ingresos ya son insuficientes incluso con la jornada completa que tienen.
Por sector, el informe confirma parte del diagnóstico de López Jones sobre el desgaste industrial: la industria manufacturera perdió 18,523 empleos en el año, en un contexto de presión arancelaria estadounidense y de competencia china que el articulista documenta con datos de caídas de exportación automotriz de entre 15 y más de 60 por ciento en marcas como Nissan, Mazda y Ford. Pero el boletín del INEGI también revela pérdidas más severas en servicios profesionales, financieros y corporativos (308 mil empleos menos) y en servicios sociales (263 mil menos), sectores ajenos al T-MEC y al crimen organizado, lo que sugiere que la explicación mono-causal del columnista es insuficiente. El único sector que compensó parte del golpe fue la construcción, con 139 mil empleos adicionales, posiblemente vinculado a obra pública.
¿Qué hacer entonces con el argumento de que México se ató de manos frente a Trump y frente al crimen organizado? Los datos de comercio exterior y turismo que cita López Jones —la caída de visitantes en Puerto Vallarta, el desplome de ingresos por turismo aéreo— apuntan en la misma dirección que el deterioro de las condiciones críticas de ocupación: hay un enfriamiento real. Pero atribuirlo únicamente a la pasividad diplomática omite que la informalidad y el deterioro de ingresos son tendencias estructurales de más largo aliento, presentes incluso en sectores no expuestos a la geopolítica.
La pregunta que queda abierta es si la próxima estrategia económica del gobierno reconocerá esta doble crisis —de cantidad estancada y calidad decreciente del empleo— o si seguirá celebrando cifras agregadas que ocultan el deterioro de fondo. ¿Puede sostenerse políticamente un relato de estabilidad laboral cuando casi cuatro de cada diez personas ocupadas trabajan en condiciones críticas?
