En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha registrado la alarmante cifra de 199,867 denuncias por el delito de amenazas, según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cortados a mayo de 2026. Esta cifra enciende las alarmas en el tablero político nacional, revelando que la violencia en el país no solo se mide en homicidios, sino también en el temor constante de miles de ciudadanos.
El reporte detalla que tan solo en mayo de 2026 se contabilizaron 13,346 carpetas de investigación por este delito. Esto representa un incremento del 9% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se reportaron 12,238 casos. El repunte mensual confirma que la tendencia de este delito continúa al alza, desafiando las estrategias de pacificación y seguridad pública del gobierno federal.
Al revisar el panorama histórico, las estadísticas muestran que el problema ha mantenido niveles críticos en los últimos años. El pico más alto registrado recientemente ocurrió en 2023, año que cerró con 140,430 denuncias. Posteriormente, el año 2025 concluyó con 138,868 casos, y en lo que va de este 2026, el corte parcial acumulado ya suma 60,999 registros, perfilando otro año de intensa actividad delictiva en este rubro.
Desde una perspectiva política y regional, el impacto de las amenazas no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional. Tres entidades gobernadas por distintas fuerzas políticas concentran el 33% de todos los casos del sexenio: la Ciudad de México encabeza la lista con 29,654 registros, seguida por Guanajuato con 21,650 casos y Jalisco con 13,872 denuncias. Esta enorme concentración en las zonas urbanas e industriales más importantes del país presiona de forma directa a los gobernadores locales, quienes enfrentan cuestionamientos de la opinión pública respecto a la prevención del delito.
Por otro lado, cuando las cifras se analizan proporcionalmente mediante la tasa por cada millón de habitantes, el mapa de riesgo cambia drásticamente, poniendo el foco sobre entidades con menor densidad poblacional pero con severas crisis locales. Campeche encabeza este indicador a nivel nacional con una alarmante tasa de 7,396 denuncias por amenazas. Le siguen Baja California Sur con 6,397 y Colima con 5,655 casos por cada millón de habitantes. Estos focos rojos muestran que las instituciones de procuración de justicia locales están saturadas y que el ambiente de intimidación ciudadana es una realidad cotidiana en dichas regiones.
Para los analistas políticos y la ciudadanía que sigue de cerca la agenda de seguridad, estos números representan un reto mayúsculo para la administración actual. Las amenazas suelen ser la antesala de delitos de mayor impacto, como la extorsión o el homicidio. La capacidad del Estado mexicano para contener este fenómeno y garantizar un entorno seguro será decisiva en la evaluación ciudadana rumbo a los próximos procesos electorales y en la consolidación del proyecto gubernamental de la llamada Cuarta Transformación.
