Mientras el discurso oficial de la Cuarta Transformación insiste en la erradicación de la corrupción y el combate frontal al narcotráfico, las autoridades estadounidenses han intensificado en las últimas semanas sus investigaciones y sanciones contra redes que involucran a figuras cercanas a Morena y a contratos adjudicados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Estos hechos, documentados por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, han reavivado el debate sobre la coherencia entre el relato de honestidad republicana y las evidencias que surgen del otro lado de la frontera.
El 14 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez por prestar servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste, más allá de una relación normal abogado-cliente. Penilla, defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, y con lazos documentados con “El Mayo” Zambada, fungió como intermediario para líderes del cártel incluso desde prisión. Su cercanía a Morena es pública: participó en eventos partidistas, fue asesor del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y recibió reconocimientos de ese gobierno. El propio gobierno tamaulipeco se deslindó rápidamente, pero las fotografías y vínculos ya circulan en redes y medios.
En paralelo, el Tesoro estadounidense sancionó dos casinos en Tamaulipas —Centenario y Diamante— por operar como centros de lavado de dinero, almacenamiento de fentanilo y tortura para el mismo Cártel del Noreste. Las empresas están ligadas a Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández y señalado como líder de la organización criminal “La Barredora”.
La investigación del Departamento de Justicia avanza sobre una presunta red de sobornos en Pemex por hasta 3.5 millones de dólares. En 2021, durante el gobierno de López Obrador, un alto ejecutivo de Pemex Exploración y Producción —Javier Núñez López, cercano a Octavio Romero Oropeza y ahora directivo del Infonavit— adjudicó directamente un contrato de perforación por 541 millones de dólares a la empresa texana Drillmec Inc. Intermediarios ya se declararon culpables en Texas; el caso apunta a pagos ilícitos para favorecer la asignación.
Además, el banco CIBanco, sancionado en junio de 2025 por lavado de dinero vinculado a los cárteles del Golfo, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación, permanece en proceso de liquidación. Morena adquirió su sede nacional para el Comité Ejecutivo Nacional mediante un fideicomiso operado con ese banco, operación que ahora genera cuestionamientos sobre el origen de los recursos.
En otro frente, avanzan negociaciones para que dos hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán cooperen y testifiquen ante autoridades estadounidenses, en medio de acuerdos de culpabilidad que involucran a familiares entregados en 2025.
Sectores opositores y analistas independientes interpretan estas acciones como evidencia de que la corrupción y los nexos con el crimen organizado persisten en estructuras cercanas al poder, contradiciendo el compromiso de “no robar, no mentir y no traicionar”. Voces afines a Morena las descalifican como injerencia extranjera o ataques selectivos contra casos aislados, sin vínculo orgánico con el partido.
El contraste entre el discurso transformador y estas revelaciones genera un cuestionamiento profundo sobre la responsabilidad de las instituciones mexicanas. En un contexto de creciente escrutinio bilateral, los hechos obligan a una reflexión incómoda: ¿hasta qué punto la opacidad interna permite que redes ilícitas operen bajo el amparo de influencias políticas? La sociedad observa con atención si estas investigaciones extranjeras compensan la aparente lentitud de la justicia nacional.
