En Tecate, Baja California, el gobierno municipal encabezado por Román Cota puso en marcha un registro de mascotas que incluye una licencia obligatoria para caninos considerados “potencialmente peligrosos”. La medida, vigente desde inicios de 2025 según el Reglamento Interior de Bienestar Animal, exige a dueños de razas como pitbull, rottweiler, doberman, american staffordshire terrier y sus cruces pagar una cuota de 1 UMA, equivalente a 117.31 pesos. Aunque el registro general para perros y gatos comunes es gratuito y se presenta como herramienta para identificación, vacunación y control de abandono, la licencia especial para estos ejemplares ha generado rechazo inmediato entre propietarios y sectores ciudadanos.
Las autoridades municipales defienden la disposición como un paso necesario para fomentar la tenencia responsable y garantizar la seguridad pública. Argumentan que las razas catalogadas por la Ley de Protección a los Animales Domésticos del estado presentan características de fuerza y musculatura que justifican un control diferenciado. El cobro, insisten, no constituye un impuesto sino una contribución preventiva que financia servicios del Instituto Municipal de Bienestar Animal y reduce riesgos de incidentes. Desde esta postura, la medida alinea con políticas de convivencia armónica y responde a demandas de protección a la comunidad sin afectar a la mayoría de dueños de mascotas.
Sin embargo, críticos y usuarios en redes sociales la califican como un impuesto encubierto bajo el eufemismo de “licencia”. Señalan que, al igual que la tenencia vehicular, representa una nueva fuente de ingresos para las arcas de los gobiernos en un contexto de necesidades financieras locales. La comparación con los gravámenes arbitrarios de la época de Antonio López de Santa Anna —quien en 1854 impuso contribuciones por puertas, ventanas y hasta perros— ha sido recurrente y ha avivado la indignación. Para muchos, estigmatizar razas enteras sin evaluar el comportamiento individual de cada animal refleja prejuicio más que prevención, mientras que el cobro selectivo carga sobre sectores específicos de la población una obligación que perciben como innecesaria y discriminatoria.
El debate pone en evidencia tensiones profundas. Por un lado, defensores de la regulación sostienen que la responsabilidad de los dueños debe traducirse en costos tangibles para evitar tragedias y que el monto accesible —apenas superior a cien pesos— no representa una carga excesiva. Por otro, opositores cuestionan la eficacia real de la medida: ¿reduce efectivamente incidentes o solo genera burocracia y recaudación? Advierten que abre la puerta a futuras extensiones de cobros por tenencia de animales, erosionando libertades individuales bajo el argumento de la seguridad.
Esta controversia en Tecate ilustra un patrón más amplio en gobiernos locales: la búsqueda de ingresos alternos ante limitaciones presupuestales, disfrazados de regulaciones preventivas. Mientras unos ven en la licencia un avance en protección ciudadana, otros perciben un retroceso hacia prácticas fiscales del pasado que priorizan la caja municipal sobre las necesidades reales de los contribuyentes. La medida, aunque modesta en monto, ha encendido el debate sobre hasta dónde llega el derecho del Estado a regular la propiedad privada de mascotas y si tales disposiciones fortalecen o socavan la confianza ciudadana. El tiempo dirá si el cobro logra sus objetivos declarados o si, por el contrario, profundiza la percepción de un gobierno más atento a generar recursos que a resolver problemas de fondo.
