La crisis de personas desaparecidas en México mantiene una inercia alarmante. De acuerdo con los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al cierre del primer trimestre de 2026, el país registra un acumulado de 16,978 personas desaparecidas y no localizadas en lo que va del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta cifra se traduce en un promedio crítico de casi mil reportes mensuales, una tendencia que no ha logrado frenarse a pesar de los cambios en la administración federal.
El análisis de la organización TResearch revela que este fenómeno no es nuevo, sino una herida abierta que se profundizó en la administración anterior. De las más de 122 mil desapariciones sin localizar registradas históricamente desde 1988, el 43% ocurrieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, el gobierno de Sheinbaum ya concentra el 14% de ese gran total histórico, lo que pone bajo un intenso escrutinio la efectividad de las actuales políticas de seguridad y los protocolos de búsqueda inmediata.
Los focos rojos de la geografía nacional
La estadística oficial muestra una concentración geográfica persistente en los puntos de mayor conflicto. Seis entidades federativas —Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Guanajuato, Baja California y Michoacán— concentran por sí solas el 51% de los casos registrados en el presente periodo. Es en estas zonas donde la presencia de grupos delictivos y el control territorial parecen dictar el ritmo de las ausencias, dejando a miles de familias en un limbo jurídico y emocional.
Por género, las cifras mantienen una brecha clara: el 77% de las víctimas son hombres, mientras que el 23% son mujeres. Sin embargo, colectivos de búsqueda alertan que el perfil de las víctimas se está volviendo cada vez más joven, con un repunte preocupante en la desaparición de menores de edad y adolescentes, particularmente en el centro del país.
El reto de los datos y las familias
Para los analistas políticos, el mayor desafío de este sexenio no es solo contener el número de nuevos casos, sino depurar y dar transparencia a un padrón que ha sido objeto de constantes controversias por la actualización de cifras de localización. Mientras el gobierno federal reporta avances en la ubicación de personas mediante el cruce de bases de datos administrativas, los colectivos de madres buscadoras denuncian que estas «localizaciones en papel» no siempre se traducen en un reencuentro real.
En este contexto, la desaparición forzada y la cometida por particulares se consolidan como el reto más urgente de la agenda de derechos humanos. Con casi 17 mil ausencias en los primeros meses del mandato, la presión sobre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda crece, mientras el país sigue buscando respuestas para una herida que, lejos de cerrar, parece seguir extendiéndose por todo el territorio nacional.
