La presencia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fuera de la frontera Sur de Estados Unidos no es un fenómeno reciente, sino que, desde hace varios años, se ha extendido a ciudades del interior, con consecuencias humanas documentadas.
Entre enero de 2020 y comienzos de 2026, al menos 250 personas murieron tras encuentros con agentes de CBP, lo que revela un patrón persistente más que una anomalía en la política migratoria. 2021 marcó el pico más alto con 58 muertes, sin embargo, ningún año ha estado libre de incidentes fatales. Las cifras posteriores: 47 en 2022, 45 en 2023, 38 en 2024 y 25 en 2025, muestran una reducción gradual, pero no una ruptura del patrón. Incluso en 2026 ya se registran casos, lo que refuerza la idea de que la letalidad asociada a estos encuentros forma parte de una dinámica estructural.
Para el abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, PLLC., “las cifras indican que los encuentros con autoridades migratorias no solo impactan a migrantes indocumentados, sino también a residentes y ciudadanos, lo que amplía la dimensión del problema y exige una lectura más integral”.
Entre 2023 y 2026 se contabilizaron cerca de 6,9 millones de encuentros, con una caída progresiva en los volúmenes anuales pero los riesgos persisten. Esto se traduce en una percepción constante de vulnerabilidad, incluso en contextos urbanos alejados de la frontera, en donde la presencia de la agencia no siempre es esperada ni comprendida.
En fallecimientos, lidera la estadística México con 74 casos, seguida de ciudadanos estadounidenses con 38 muertes, Guatemala y Honduras con 25 y 19 casos respectivamente. En 63 casos no se logró identificar la nacionalidad de la persona fallecida.
Texas concentra casi la mitad de las muertes, con 125 casos, seguido por Arizona, Nuevo México y California. No obstante, la recurrencia de fallecimientos en estados del interior como Nueva York, Minnesota, Washington y Vermont confirma que la actuación de CBP fuera de la frontera es una práctica de larga data. Los casos registrados en Minneapolis en 2020 y nuevamente en 2026 ilustran cómo estos operativos reaparecen cíclicamente y generan fuertes tensiones con comunidades locales.
“La persistencia de estas cifras a lo largo de los años indica que no se trata de episodios excepcionales, sino de una problemática que requiere una revisión profunda de los protocolos y del alcance operativo de la agencia”, puntualizó el abogado Quiroga.
Para la ACLU, entre 2020 y 2025, CBP participó en operativos en numerosas ciudades no fronterizas, mucho antes de los episodios más recientes. En 2025, se integró a más de 25 altos mandos de CBP en estructuras operativas vinculadas a ICE, fortaleciendo la coordinación entre agencias con control fronterizo y aplicación de la ley migratoria dentro del país, ampliando su presencia más allá del límite tradicional de las 100 millas desde la frontera.
El patrón de aumento sostenido de demandas y quejas formales contra CBP queda visualizado en el número de acciones legales. Estados como Texas, Washington, Ohio y California concentran los mayores reclamos, lo que se extiende a territorios del interior y a Washington D. C. Para el abogado Quiroga, “cuando los cuestionamientos se repiten durante años y en distintas regiones del país, queda claro que el debate no es coyuntural, sino estructural, que, lejos de ser nueva, lleva años impactando a inmigrantes y comunidades enteras en todo Estados Unidos”.
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