Las listas de representación proporcional, conocidas como plurinominales, han vuelto al centro del debate político mexicano. Numerosos analistas y ciudadanos consideran legítima la queja de que las dirigencias partidistas las han convertido en un mecanismo de autopreservación. Líderes y allegados ocupan los primeros lugares de las listas cerradas, acceden al Congreso sin necesidad de confrontar el voto ciudadano directo y obtienen fuero parlamentario que dificulta procesos judiciales. El resultado es la llegada de legisladores con aportación nula al debate legislativo: ausencias frecuentes, iniciativas irrelevantes y lealtad exclusiva a la cúpula que los colocó allí.
Esta práctica no es exclusiva de un partido. Históricamente, todas las fuerzas políticas han utilizado las plurinominales para premiar lealtades internas, colocar familiares o proteger a operadores cuestionados. La reforma electoral en discusión busca precisamente limitar este control de las dirigencias, obligando a que los candidatos busquen el respaldo popular. Quienes defienden el sistema actual argumentan que las listas garantizan la representación de minorías y evitan mayorías absolutas artificiales. Sin embargo, los críticos responden que esa supuesta diversidad se ha convertido en refugio de mediocres y oportunistas, pagados con recursos públicos.
Pero el problema trasciende las plurinominales. Las mismas cúpulas de todos los partidos han demostrado una alarmante falta de responsabilidad al postular candidatos a cargos de elección popular que luego revelan ineptitud o vínculos directos con el crimen organizado. El caso más reciente y escandaloso es el del exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, militante de Morena, detenido en febrero de 2026 en el marco del Operativo Enjambre. Enfrenta cargos por delincuencia organizada, extorsión a empresarios tequileros, secuestro de precandidatos y posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Un juez le dictó prisión preventiva en el Altiplano; podría recibir hasta 90 años de cárcel.
El Operativo Enjambre, iniciado en noviembre de 2024, ha detenido a 61 funcionarios municipales en 15 meses, entre ellos 14 presidentes municipales. Cinco son de Morena, cuatro de alianzas PRI-PAN-PRD, tres de Movimiento Ciudadano, uno del Partido Verde y uno de un partido local. Los delitos son recurrentes: extorsión, desvío de recursos, secuestro exprés y colaboración con grupos criminales. Ningún instituto político queda exento. Todos han permitido que personas sin preparación o con antecedentes dudosos lleguen al poder, exponiendo a la ciudadanía a gobiernos ineficaces o francamente delictivos.
Esta doble realidad genera indignación justificada. Por un lado, legisladores plurinominales que jamás rinden cuentas al electorado. Por otro, alcaldes y funcionarios elegidos que terminan en prisión por proteger o formar parte del crimen organizado. Los partidos responden que realizan filtros internos y que los casos aislados no definen al sistema. Los ciudadanos, sin embargo, observan un patrón: la falta de responsabilidad de las cúpulas al seleccionar candidatos prioriza el control interno sobre la competencia meritocrática y la integridad.
El debate no es menor. Mientras se negocia la reforma electoral, el Operativo Enjambre pone en evidencia que el problema es estructural. La indignación ciudadana crece ante la percepción de que el poder político sigue siendo un club privado donde la ineptitud y la complicidad con el delito encuentran refugio. Sin cambios profundos en la selección de candidatos y en los mecanismos de representación, la desconfianza hacia las instituciones sólo se profundizará. La democracia mexicana merece algo más que premios de consolación para los amigos de las dirigencias y castigos tardíos para quienes ya causaron daño irreversible.
