Debilitar los organismos electorales se presenta como una medida de reducción de costos, pero en realidad son un medio de control político por parte de Morena y su gobierno, que son uno mismo, y que la democracia termina pagando.
La destrucción del sistema electoral se impulsa bajo esta narrativa de austeridad y eficiencia administrativa que no ha sido completamente diagnosticada, no se ha deliberado públicamente y no explica qué problemas se pretende resolver. Sin diagnóstico, sin reconocer las distorsiones y fallas de nuestra democracia ostentosamente visibles, no hay reforma: hay imposición.
Sin árbitros fuertes, autónomos e independientes, no hay democracia. Y cuando quienes organizan las elecciones dependen del poder político en turno para tener los recursos mínimos necesarios para llevar a cabo su función constitucional, no hay independencia genuina. La adecuación del presupuesto del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s) no es un privilegio burocrático; es una condición esencial para asegurar elecciones profesionales, imparciales, equitativas y ciertas.
Un factor inaceptable de presión política es que los poderes ejecutivos —federales o estatales— ejerzan poderes discrecionales sobre el presupuesto de las autoridades electorales. El árbitro que sabe que depende de la voluntad del gobierno en turno pierde independencia, sin importar cuánto la ley proclame su independencia. La autonomía no se proclama en discursos; se construye con regulaciones claras, estabilidad institucional y recursos suficientes.
Una reforma sin diálogo rompe el pacto federal
Ante este riesgo se presenta una propuesta aún más alarmante: la eliminación de los órganos electorales de las entidades federativas. Esta acción no representa modernidad en absoluto; más bien, el pacto federal se debilita dramáticamente. Un sistema centralizado de organización electoral de acuerdo con una única autoridad ignora la diversidad política del país y la responsabilidad de los estados de determinar lo que serán en función de su libertad y autonomía.
Los organismos electorales locales no son una excepción administrativa, sino una parte central del diseño constitucional que valora la diversidad política y territorial de México.
Deshacerse de ellos significaría concentrar la toma de decisiones, disminuir los controles y contrapesos y socavar la vida democrática en las entidades. Y centralizar no equivale a fortalecer. La concentración del poder disminuye la competencia y la confianza ciudadana. La experiencia demuestra que los mejores sistemas electorales son aquellos que distribuyen el poder y no permiten que un solo punto domine el sistema.
Financiar menos no siempre significa competir mejor
Actualmente, para calcular el monto total, se considera el padrón electoral y el valor de la Unidad de Medida y Actualización, que es la UMA. Para esto, se toma el 65 por ciento de su valor por cada ciudadano que está registrado. De este monto total, el 30 por ciento se reparte de manera igual entre todos los partidos. El 70 por ciento restante se distribuye según los votos que cada partido obtuvo en la elección que pasó.
La idea de reducir el dinero público en un 50% no se trata solo de ahorrar en el presupuesto. Si se reduce la cantidad de dinero sin cambiar la forma en que se distribuye ni hacer que los controles sean más fuertes, es probable que los partidos con más dinero propio puedan compensar la reducción con dinero de personas o empresas, incluso del cromen organizado, mientras que los partidos más pequeños o nuevos tengan desventajas no remontables.
Una alternativa viable sería ajustar el cálculo —por ejemplo, utilizar el 40% del valor de la UMA— y complementar el financiamiento con apoyos en especie, como tiempos oficiales y servicios, reduciendo costos sin cerrar la competencia.
Hoy en día, los partidos no pueden gastar más dinero privado que el dinero que reciben del gobierno. Si se permite que gasten un poco más recursos del sector privado, pero siempre controlado, podría ser una buena solución. Por ejemplo, podrían gastar hasta un 10% más de dinero privado.
De esta manera, se evita que los partidos políticos estén dominados por intereses diversos al interés común. Las reglas de financiamiento no son neutrales: definen quién puede competir, en qué condiciones y con qué posibilidades reales de representación.
La mala representación y las distorsiones de la democracia
Cuando la brecha se amplía entre el grado de representación que los votos de los ciudadanos otorgan a la autoridad ejercida por las instituciones de su nación, la democracia deja de representar y comienza a mal representar. Este tipo de distorsión —mayorías sobrerrepresentadas, controles y contrapesos debilitados, árbitros condicionados, y decisiones de enorme alcance tomadas sin el respaldo efectivo necesario para que tengan éxito sin el apoyo adecuado de una diversidad más funcional en la composición social y política del país.
Nada de esto es una defensa ciega de las autoridades electorales o de los partidos políticos. Es un argumento a favor de las reglas que permiten que ocurra la competencia democrática. Las elecciones no pueden depender del estado de ánimo del poder político o del tamaño del talonario privado. Cuando el árbitro es socavado, las decisiones se agrupan, la exclusión se acepta como rutina, lo que está en juego no es un modelo administrativo, sino la misma perspectiva de visiones competidoras que podrían existir en la forma constitucional de un país para continuar existiendo bajo condiciones de legalidad y equidad.
La ruta es preocupante las democracias no se desmoronan de la noche a la mañana. Se desgastan lentamente, reforma tras reforma hasta que el control del poder se vuelve común, la autonomía una formalidad vacía. Ese es el verdadero costo que hoy se intenta ocultar tras la retórica de los ahorros. Y cuando ese proceso se consolida, ya no importa quién gana una elección, sino si alguien más puede realmente competir de nuevo.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
