Con un llamado a legalizar en la Constitución el modelo de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, con el fin de lograr que las recomendaciones sean vinculantes e incorporar acciones de prevención para evitar la consumación de hechos violatorios, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), maestra Rosario Piedra Ibarra, presentó el Informe de Actividades 2025.
Ante personas legisladoras integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, subrayó que en los últimos seis años ha CNDH se ha transformado para superar el papel meramente reactivo y testimonial a la que dejaron condenada la institución, para asumir una defensa más proactiva y útil para el pueblo, con lo que ha dejado atrás privilegios burocráticos y vínculos políticos, para poner al centro a las personas, sobre todo a quienes han sido históricamente ignoradas.
Resaltó que la autonomía no puede traducirse en neutralidad ni en distancia respecto al sufrimiento del pueblo, sino que debe estar del lado de las víctimas, e implica un trabajo de Estado y un esfuerzo común, rechazando la idea de defender los derechos humanos para hacer negocio o para hacer el “caldo gordo” a agendas ajenas a los derechos humanos o, peor aún, al interés de las víctimas. Por ello, resaltó, esta Comisión ha privilegiado, en la práctica, la prevención y la vigilancia temprana, mediante un Sistema Nacional de Alerta de Violaciones de Derechos Humanos, así como en el acompañamiento y la gestión inmediata, manteniendo comunicación con las autoridades para señalar fallas, capacitar y corregir antes de que el daño se concrete.
“Los mexicanos no tienen que ir al extranjero a defender sus derechos. El pueblo de México tiene, como nunca antes tuvo, un instrumento para su defensa. La CNDH atiende, con serenidad y responsabilidad, a las y los mexicanos, y lo seguiremos haciendo. Pero también quiero decirlo claramente: lo que no van a ver nunca es a la CNDH sirviendo, en mi gestión, a los caprichos o a las agendas interesadas de algunos actores o partidos políticos. Nos debemos al pueblo, a su juicio nos atenemos”, afirmó.
Sostuvo que, durante el 2025, la CNDH se ha consolidado como una de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con mayor cobertura, productividad y eficiencia de todo el mundo, eliminando prácticas de corrupción, nepotismo o amiguismo y aplicando, en su lugar, los principios de austeridad, racionalidad y optimización de los recursos, además, la simplificación administrativa y la digitalización de sus servicios.
En los últimos seis años, destacó, tanto la CNDH como el Estado mexicano han logrado avances notables en materia de derechos humanos, ya que entre 2020 y 2024 se observó una reducción sostenida de quejas por violaciones graves asociadas a periodos de violencia estructural del pasado, así como un incremento en la capacidad institucional para resolver de manera oportuna, emitir recomendaciones y dar seguimiento efectivo y expedito a los casos, tendencia que se mantuvo durante 2025.
Una realidad, dijo, es que en mi gestión la CNDH atiende a más personas, en 2025 servimos a 238 mil 917, y se recibieron 145 mil 634 documentos, 5.2% menos que en 2024, pero que representaron un incremento del 160.8% respecto a los registrados en 2019 y en cuanto a los 78 mil 572 escritos de queja, fueron 5.3% más que en 2024 (74,563) y, una vez calificados, derivaron en 18 mil 839 expedientes de queja.
Asimismo, fueron emitidas 156 Recomendaciones Ordinarias o Particulares y 29 Recomendaciones por Violaciones Graves que, sumadas a las de los cinco años anteriores, arrojan mil 426 recomendaciones emitidas en la actual gestión, lo cual representa el 32.9% del total de toda la historia de la CNDH.
Por otro lado, expresó que la CNDH continuó con el uso de las herramientas constitucionales a su alcance, promoviendo 87 Acciones de Inconstitucionalidad. Asimismo, se emitieron 23 medidas cautelares durante el año y se efectuaron 278 visitas de supervisión de centros penitenciarios (71.6% más que el año anterior); mientras que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) llevó a cabo 385 visitas a lugares de privación de la libertad; al tiempo que se realizaron 4 mil 264 actividades de educación, formación y capacitación, con 919 mil 780 participantes.
Destacó la creación del “Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025”, dirigido a instituciones del Gobierno Federal con la finalidad de reconocer y estimular las mejores prácticas en políticas públicas en la materia; además de la apertura de una nueva oficina regional en Jalisco, en un contexto marcado por hechos como los ocurridos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, cuyo expediente se está integrando para emitir, en breve, una recomendación; así como la reubicación estratégica de la oficina que operaba en La Paz, Baja California Sur, a Mexicali, Baja California, un punto clave de la frontera con Estados Unidos, para fortalecer la atención de personas en condición de migración.
Todo ello, enfatizó, ha sido posible gracias a que estamos convencidos y somos conscientes de que los recursos del pueblo son del pueblo y deben volver a él y muestra de ello es que este año, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para la CNDH de mil 784 millones de pesos, 50 millones menos que nuestra propuesta, por lo que el incremento, en términos reales fue de 0%, reorientando el gasto hacia actividades sustantivas, es decir, acciones de protección y defensa.
De ahí que urgió al Congreso de la Unión a crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, para que las recomendaciones se hagan constitucionalmente obligatorias, como dice, desde 2011, el Artículo 1º y, lo más importante, incorporar acciones de prevención para evitar la consumación de violaciones a derechos humanos, de manera que la eficacia de la CNDH no se mida por el número de quejas que atiende y por el número de recomendaciones que emite, sino por el número de hechos violatorios que evita.
Luego de escuchar los posicionamientos de los diferentes partidos políticos, la maestra Piedra Ibarra expuso que en materia de desaparición de personas este organismo atendió en 2025 a 730 familiares de personas desaparecidas y se desplegaron 545 actividades de acompañamiento y atención, además de que ella, personalmente, encabezó diversas mesas de trabajo con colectivos de personas desaparecidas y en ellas se reafirmó el compromiso institucional y personal de brindar acompañamiento a familiares de víctimas, independientemente de que los hechos sean de competencia federal o local.
Respecto a los señalamientos efectuados por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU reiteró que, de 2018 a la fecha, el fenómeno de la desaparición exige nuevas estrategias y enfoques para su atención, sobre todo porque las quejas contra autoridades federales ya no señalan actos directos de desaparición forzada, sino omisiones en la investigación y en la búsqueda, y durante 2025 no se recibieron quejas que acreditaran participación directa de autoridades federales en desaparición forzada y los pocos casos donde hubo indicios de intervención de autoridades ocurrieron sobre todo en el ámbito municipal.
Por último, señaló que, de las mil 426 Recomendaciones emitidas durante su gestión, el 74.9% corresponden a hechos que ocurrieron en los últimos 6 años, en el gobierno anterior y en el actual. Y en materia de violaciones graves, 173 recomendaciones emitidas en 2025, de las cuales el 4.5%, es decir 65 Recomendaciones por Violaciones Graves, fueron emitidas en la actual gestión, por hechos ocurridos en el pasado sexenio y solo dos a la presente administración.
En su intervención, la Diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que las instituciones defensoras de derechos humanos no son adversarias de las autoridades; sin embargo, dijo, su autonomía y efectividad se reflejan, en buena medida, en su capacidad para actuar con independencia frente al poder público.
“La función del Ombudsperson exige, por naturaleza, una posición crítica, firme, y técnicamente sustentada, incluso cuando ello resulte incómodo para las autoridades, incluyendo, por cierto, a este cuerpo colegiado. Esa incomodidad, cuando existe, es una señal de que la institución está cumpliendo con su mandato. La legitimidad de la CNDH se sostiene a partir de su compromiso efectivo con la defensa de los derechos humanos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad: personas desparecidas, migrantes, mujeres violentadas, personas indígenas, periodistas, entre muchas otras”, puntualizó.
El Informe de Actividades 2025 se puede consultar en la página www.cndh.org.mx.
