En un giro inesperado para la seguridad nacional, el robo a bancos en México ha alcanzado su nivel más bajo en la historia reciente. Al cierre de 2025, el país registró apenas 96 casos de este delito, lo que representa una estrepitosa caída del 30% en comparación con los 137 incidentes reportados en 2024. Esta tendencia a la baja marca un hito en las cifras de incidencia delictiva del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los datos más recientes revelan que el descenso no es un fenómeno aislado de fin de año. Durante noviembre de 2025, solo se presentaron 7 denuncias ante las autoridades, una disminución del 13% respecto al mismo mes del año anterior. Para ponerlo en perspectiva, la ruta crítica de este delito muestra una transformación radical en la última década: de los 614 robos contabilizados en 2015, la cifra se ha desplomado hasta los 96 casos actuales, consolidando una trayectoria de descenso sostenido que se acentuó a partir de 2020.
Sin embargo, a pesar de la mejoría general, la violencia no se distribuye de manera uniforme en el territorio. Tres estados concentran el 42% de todos los atracos bancarios registrados en lo que va del sexenio: Guerrero, Veracruz y Chihuahua. Estos puntos se han convertido en el foco de atención operativa para las fuerzas de seguridad debido a su persistente vulnerabilidad ante los grupos delictivos.
Al analizar la peligrosidad por densidad de población, Guerrero lidera la lista con una tasa de 4 robos por cada millón de habitantes. Le siguen Chihuahua, con una tasa de 3, y Michoacán con 2. En contraste, la gran mayoría de las entidades federativas mexicanas mantienen niveles de riesgo iguales o inferiores a 2 casos por cada millón de ciudadanos, lo que sugiere una mayor estabilidad en el resto del país.
Este panorama de seguridad, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, plantea un nuevo escenario para la política de seguridad en México. Mientras que a nivel nacional el robo a bancos parece ser un delito en retirada, la concentración en zonas específicas obliga a las autoridades a replantear sus estrategias de vigilancia y prevención en los estados que aún mantienen altas tasas de incidencia.
