El arresto del periodista Rafael León Segovia en Veracruz, acusado de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, ha generado un debate intenso sobre la aplicación selectiva de la legislación antiterrorista en México. Detenido el 24 de diciembre de 2025 en Coatzacoalcos, León Segovia, con más de dos décadas cubriendo la fuente policiaca, enfrenta prisión preventiva mientras organizaciones como Artículo 19 condenan la medida como una posible represalia contra la libertad de expresión. La Fiscalía General del Estado de Veracruz no ha detallado las evidencias, pero la gobernadora Rocío Nahle ha insistido en que el caso no vincula a su labor periodística, sino a presuntas acciones delictivas.
Este suceso contrasta con incidentes de violencia extrema atribuidos a grupos criminales, que las autoridades federales no clasifican como terrorismo. Por ejemplo, el 6 de diciembre de 2025, un coche-bomba estalló en Coahuayana, Michoacán, frente a una base de policía comunitaria, causando cinco muertes y doce heridos. El titular de Seguridad Pública federal lo atribuyó a disputas entre carteles, descartando connotaciones terroristas pese a la detonación remota y el impacto en civiles. De manera similar, a lo largo de 2025, se registraron múltiples ataques con explosivos lanzados desde drones, como el perpetrado contra una fiscalía en Baja California en octubre, o contra un almacén municipal en Escuinapa, Sinaloa, en diciembre. Estos actos, que involucran tecnología avanzada y generan pánico público, se enmarcan en la guerra entre organizaciones delictivas, sin invocación de leyes antiterroristas.
Otro patrón recurrente es el uso de minas antipersonales por carteles, que ha cobrado vidas de militares. En mayo de 2025, seis elementos de la Guardia Nacional murieron en una explosión en la frontera entre Michoacán y Jalisco, sumándose a al menos 19 fallecidos entre 2024 y 2025 por estos artefactos. Expertos destacan que estas minas, colocadas en caminos rurales para repeler incursiones rivales o fuerzas de seguridad, violan tratados internacionales, pero el gobierno las trata como delitos comunes, no como terrorismo.
Desde un ángulo analítico, esta discrepancia invita a polémica: ¿por qué actos que generan terror colectivo, como bombardeos aéreos o minas letales, no se etiquetan como terrorismo, mientras que informar sobre violencia callejera sí lo es? Críticos argumentan que podría reflejar un uso instrumental de la ley para silenciar voces disidentes, erosionando la confianza en el sistema judicial. Defensores de las autoridades sostienen que las acusaciones contra León Segovia responden a pruebas concretas, no a su profesión, aunque la opacidad genera especulaciones.
Internacionalmente, el caso resuena en las oficinas de la administración de Donald Trump, quien en febrero de 2025 designó a carteles como el de Sinaloa como organizaciones terroristas extranjeras. Esta política permite intervenciones más agresivas de Estados Unidos, como sanciones o acciones militares, y plantea interrogantes sobre soberanía mexicana. Si México no aplica consistentemente sus propias leyes antiterroristas a grupos criminales, podría invitar a mayor injerencia externa, alimentando tensiones bilaterales. Analistas observan que esta designación redefine el crimen organizado como amenaza global, pero ignora raíces socioeconómicas como la pobreza y la corrupción.
En resumen, el arresto de León Segovia subraya tensiones entre seguridad, libertad de prensa y definiciones legales, potencialmente exacerbando divisiones políticas. Una revisión imparcial de estos criterios podría fortalecer la gobernanza, evitando que percepciones de arbitrariedad minen la democracia.
