La criminalización de la labor periodística en México se está consolidando mediante un uso faccioso y punitivo del sistema legal para silenciar voces críticas y de interés público. Este fenómeno ha evolucionado de la agresión física hacia una estrategia de desgaste institucional y judicial diseñada para agotar los recursos económicos, legales y humanos de la prensa.
A continuación, se detallan las formas en que se manifiesta este proceso de criminalización:
1. El abuso del Derecho Penal y leyes restrictivas
- Delitos contra el honor: Aunque fueron derogados a nivel federal, delitos como la difamación, calumnia e injuria persisten en varios códigos penales locales, donde funcionarios los utilizan para perseguir penalmente a periodistas. Recientemente, se han ejecutado órdenes de aprehensión por tipos penales como «ataques al honor a través de medios cibernéticos» en estados como Michoacán.
- Tipos penales ambiguos: Se utilizan figuras legales vagas como el «halconeo» (obtener información sobre instituciones de seguridad) o incluso cargos de terrorismo y encubrimiento para detener a periodistas, como se documentó en Veracruz. Estas leyes carecen de taxatividad, lo que permite interpretaciones arbitrarias para criminalizar la búsqueda de información.
2. Instrumentalización de la Violencia Política de Género (VPEG)
- Uso como ardid: La normativa diseñada para proteger a las mujeres ha sido desvirtuada por personas en el poder para inhibir el debate público y eliminar publicaciones incómodas.
- Sanciones desproporcionadas: Casi uno de cada dos procesos de acoso judicial documentados en 2024 abusó de la figura de VPEG, resultando en la remoción de contenidos y el registro de periodistas como «violentadores» en sistemas electorales, basándose a veces en comentarios de terceros y no en el trabajo propio del periodista.
3. Estrategia de desgaste y «Forum Shopping»
- Multiplicidad de procesos: Los perpetradores, usualmente personas con poder público o económico, inician múltiples procedimientos en distintas cortes y vías (civil, penal, electoral) simultáneamente.
- El proceso como castigo: Esta técnica, conocida como forum shopping, busca someter a la víctima a un desgaste psicológico y económico extremo. El objetivo no es ganar el caso, sino mandar un mensaje amedrentador que fomente la autocensura colectiva sobre «temas prohibidos».
4. Estigmatización desde el poder como precursor
- Discurso criminalizante: Desde las conferencias matutinas oficiales, se califica a periodistas como «sicarios de la comunicación», «chayoteros» o «traidores», lo que genera una «luz verde» para que particulares y otras autoridades justifiquen actos de violencia y persecución legal.
- Efecto cascada: Este discurso oficial es replicado por funcionarios locales y simpatizantes, derivando en persecuciones físicas y campañas de desprestigio que facilitan la posterior judicialización.
5. Criminalización en contextos específicos
- Defensa del territorio: El Estado ha interpuesto denuncias penales contra comunidades indígenas y periodistas que documentan la resistencia frente a megaproyectos como el Corredor Interoceánico, tratándolos como delincuentes por defender su hogar.
- Zonas de silencio: En regiones con alta presencia del crimen organizado, la frontera entre autoridades y criminales se diluye, provocando que la prensa sea criminalizada por ambos bandos o castigada con la impunidad total (84.77% de los casos en la FEADLE no se resuelven).
Esta situación puede entenderse a través de la metáfora de un «laberinto de espejos legales»: el Estado utiliza las mismas leyes que deberían proteger derechos para reflejar una imagen distorsionada del periodista como un delincuente, atrapándolo en una red de procesos interminables donde el simple hecho de caminar por el pasillo judicial ya constituye la condena.
