La seguridad en el hogar, ese refugio que debería ser inviolable, enfrenta una realidad estadística contundente en México. Durante el primer tramo de la administración de Claudia Sheinbaum, se han denunciado formalmente 30,933 casos de robo a casa habitación en todo el territorio nacional. Aunque las cifras de octubre de 2025 muestran un respiro estadístico con una disminución del 20% respecto al año anterior, el acumulado revela que el asalto a las viviendas sigue siendo uno de los desafíos más persistentes para la estrategia de seguridad pública del país.
En el desglose de los datos más recientes proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca que tan solo en el mes de octubre de 2025 se registraron 3,000 denuncias. Esta cifra contrasta positivamente con las 3,760 registradas en el mismo mes de 2024, lo que sugiere una tendencia a la baja que las autoridades buscan consolidar en los próximos años de gobierno. Sin embargo, el volumen total de delitos acumulados en el presente periodo pone de manifiesto que la vigilancia en zonas residenciales requiere una atención urgente y diferenciada por regiones.
El mapa de la delincuencia en el país no es uniforme. Tres entidades federativas concentran casi una tercera parte de la incidencia delictiva total en este rubro. El Estado de México encabeza la lista con 4,023 denuncias, seguido por Guanajuato con 2,434 y la Ciudad de México con 2,200 casos. Estas tres entidades aglutinan el 28% de los robos a nivel nacional, lo que sitúa a sus gobiernos locales bajo la lupa de la opinión pública interesada en los resultados de las políticas de prevención y patrullaje.
Más allá de los números totales, las tasas por cada millón de habitantes revelan focos rojos en estados con menor población pero mayor vulnerabilidad proporcional. Aguascalientes encabeza este alarmante ranking con una tasa de 1,009 robos por cada millón de ciudadanos, una cifra que cuadriplica el promedio nacional de 244. Le siguen Baja California Sur con 912 y Colima con 867, lo que indica que la problemática no solo es un asunto de grandes urbes, sino de regiones donde la densidad delictiva supera la capacidad de respuesta institucional.
Al observar la tendencia histórica, se percibe un descenso gradual en las denuncias anuales desde el pico registrado en 2020, cuando se contabilizaron 63,533 casos. Para 2024, la cifra bajó a 44,956, y el corte actual de 2025 sitúa la cifra en poco más de 30,000, reflejando una reducción sostenida en el reporte de estos delitos. No obstante, los especialistas en política criminal advierten que la «cifra negra» —delitos no denunciados— sigue siendo un factor que podría matizar este optimismo estadístico, especialmente en un clima político donde la seguridad es el principal campo de batalla.
El robo a casa habitación no es solo una pérdida material; es un golpe directo a la percepción de seguridad de las familias mexicanas. Con más de 30 mil casos en lo que va de la gestión, el reto para la administración actual es transformar estos descensos porcentuales en una tranquilidad tangible que llegue hasta la puerta de cada ciudadano. La política de seguridad nacional enfrenta aquí su prueba más íntima: proteger el espacio privado de millones de mexicanos frente a una delincuencia que, aunque parece retroceder en los gráficos, sigue presente en las calles.
