La economía mexicana enfrenta un panorama complejo en materia de empleo, donde la informalidad emerge como un factor estructural que limita el desarrollo inclusivo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, el 54.42% de la población ocupada laboraba en condiciones informales, contribuyendo apenas con el 25.38% al Producto Interno Bruto (PIB). Esta disparidad revela una ineficiencia profunda: un segmento mayoritario de la fuerza laboral genera una fracción minoritaria de la riqueza nacional, lo que cuestiona la sostenibilidad del modelo económico actual.
El incremento sostenido de la participación informal en el PIB es alarmante. De 22.18% en 2020, ha escalado a 25.38% en 2024, marcando cuatro años consecutivos de crecimiento. Proyecciones para 2025 estiman un ascenso al 26.58%, impulsado por factores como la recuperación pospandemia, la inflación persistente y la falta de oportunidades formales. Esta tendencia no solo reduce la productividad general, sino que también erosiona la base fiscal del Estado, al limitar la recaudación de impuestos y contribuciones sociales. En consecuencia, recursos destinados a servicios públicos como salud y educación se ven mermados, perpetuando ciclos de desigualdad.
La dimensión regional agrava el problema. Estados como Oaxaca (80%), Guerrero (77%) y Chiapas (77%) registran las tasas más altas de informalidad, coincidiendo con sus niveles de pobreza extrema. Estos territorios, predominantemente rurales e indígenas, dependen de actividades precarias como la agricultura de subsistencia y el comercio ambulante, donde la ausencia de contratos laborales formales expone a los trabajadores a vulnerabilidades como la falta de seguridad social y salarios irregulares. Esta correlación entre informalidad y pobreza invita a debates polémicos: ¿es la informalidad un mecanismo de supervivencia ante políticas económicas excluyentes, o un obstáculo deliberado para la movilidad social? Críticos argumentan que regulaciones laborales rígidas disuaden la formalización, mientras que defensores de reformas destacan la necesidad de incentivos fiscales para integrar a estos sectores.
En el contexto político, la informalidad plantea interrogantes sobre la efectividad de iniciativas gubernamentales. Programas como el aumento al salario mínimo han buscado elevar ingresos, pero sin un enfoque integral en la creación de empleos formales, su impacto se diluye. La persistencia de esta dinámica podría exacerbar tensiones sociales, especialmente en regiones marginadas, donde la falta de oportunidades fomenta migración o economías ilícitas. Analistas señalan que, sin intervenciones estructurales —como inversión en infraestructura y educación técnica—, el PIB per cápita seguirá estancado, afectando la competitividad global de México.
A futuro, el desafío reside en equilibrar flexibilidad laboral con protecciones sociales. Propuestas como subsidios para la formalización o alianzas público-privadas podrían mitigar el crecimiento proyectado para 2025, pero requieren consenso multipartidista. La informalidad no solo es un indicador económico, sino un espejo de desigualdades profundas que demandan atención inmediata para evitar un estancamiento prolongado.
