Las audiencias públicas para discutir la nueva Ley General de Aguas iniciaron revelando un dilema mayor al técnico: la tentación de utilizar el proceso sólo como validación política. Desde el primer momento lo dejé claro: estas audiencias deben ser un espacio real de construcción legislativa, no una simulación. No es una frase retórica; es la advertencia de que el país podría aprobar una ley diseñada para concentrar poder, no para resolver la crisis hídrica más grave en décadas.
La iniciativa parte de una premisa equivocada
México atraviesa la crisis de agua más compleja de su historia reciente: presas deterioradas, redes colapsadas, acuíferos sobreexplotados, plantas de tratamiento insuficientes y una CONAGUA debilitada tras años de recortes. Cualquier legislación responsable debería partir de ese diagnóstico.
Sin embargo, la iniciativa presidencial parece escrito lejos del territorio. Ignora la diversidad hídrica del país, homogeneiza problemas que no tienen relación entre sí y desconoce por completo el funcionamiento real de las cuencas. Esa desconexión es la primera señal de que la propuesta no busca resolver, sino administrar políticamente el agua. Y todos sabemos que quien controla el agua, controla el territorio.
Eliminar las transmisiones: un golpe técnico, económico y político
El punto más delicado —y el que el gobierno evita explicar— es la eliminación total del régimen de transmisiones de derechos de agua. Es un error técnico, un golpe directo al patrimonio de miles de familias y una señal política de centralización preocupante.
Sin la posibilidad de transmitir el volumen junto con la tierra:
- Los predios pierden valor;
- Se rompe la continuidad productiva;
- Se imposibilitan herencias, ventas y consolidación de proyectos;
- Se paraliza el financiamiento, porque la banca no presta sobre incertidumbre.
Ningún país serio dinamita la certidumbre jurídica de un sector estratégico como el agrícola. Aquí se intenta hacer con un artículo. Es un retroceso disfrazado de combate a la especulación. Y combatir la especulación no exige destruir las transmisiones, sino regular, fiscalizar y sancionar donde corresponde. Cortar la rama para eliminar la hoja enferma no es reforma: es torpeza.
Un campo sin financiamiento es un país más débil
El financiamiento agrícola depende de la tierra y de la seguridad jurídica de sus derechos. Si el volumen de agua deja de ser transmisible, la tierra deja de ser garantía; sin garantía no hay crédito; sin crédito no hay tecnificación, productividad ni empleo rural.
El campo no se abandona de golpe: se abandona quitándole herramientas. Esta iniciativa, tal como está, se las quita todas.
Una ley que exige lo que el Estado no puede cumplir
La propuesta también impone nuevas obligaciones a usuarios y a la CONAGUA: prórrogas semestrales, reportes anuales, revisiones adicionales. Sobre el papel suena riguroso, pero la realidad operativa lo desmiente.
La CONAGUA no tiene capacidad para cumplir con lo actual, menos para procesar una carga burocrática ampliada. En 2026 operará con menos presupuesto, menos personal y menos infraestructura de la necesaria. Pretender que haga más con menos no es técnica: es burocracia disfrazada de reforma.
Sin presupuesto no hay ley; hay propaganda
Una política hídrica seria exige inversión sostenida. Por eso la propuesta del senador Vázquez de establecer un Fondo para el Derecho Humano al Agua, obligatorio y auditado, es la única medida realista sobre la mesa. Lo demás es retórica. Legislar sin presupuesto es legislar para la foto.
El ataque silencioso al federalismo y a los usuarios
Otro retroceso grave es la eliminación práctica de la participación de usuarios y organismos de cuenca. La centralización de decisiones desplaza a quienes conocen el territorio, operan los distritos y viven las consecuencias de la crisis. Cuando se excluye a quienes saben, no entra mejor técnica: entra más control.
El país necesita una ley, sí. Pero necesita una ley correcta
Estas audiencias son la oportunidad para corregir. Si se reducen a un trámite, el país pagará el costo. México requiere una ley que entienda la realidad del agua, que garantice el derecho humano sin destruir el marco productivo, que fortalezca a la CONAGUA en vez de saturarla de trámites, que respete el federalismo y dé certidumbre jurídica.
El agua no admite improvisaciones.
Y si este proceso se convierte en simulación, lo vamos a lamentar todos.
El autor es senador de la República y presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal
@MarioVzqzR
