El debate sobre quién es considerado ciudadano estadounidense por nacimiento ha tomado un nuevo rumbo. Y es que durante estos meses la discusión se centró en los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal, pero un reciente escrito del Departamento de Justicia (DOJ), radicado a inicios de noviembre de 2025 ante la Corte Suprema, amplió el alcance del tema: ahora, la controversia también podría involucrar a hijos de ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad o vínculos legales con otros países.
La base del debate sigue siendo la misma: la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que “toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos.” Sin embargo, el DOJ plantea que la frase “sujeta a su jurisdicción” podría implicar una condición adicional: la lealtad exclusiva al país. En otras palabras, si los padres o el propio niño tienen vínculos legales con otro Estado, su ciudadanía automática podría ponerse en duda.
Esta interpretación marcaría un cambio profundo en un principio que ha sido pilar del sistema estadounidense durante más de un siglo. Si prospera, el cuestionamiento ya no recaería solo sobre familias inmigrantes sin estatus legal, sino también sobre estadounidenses con doble nacionalidad, por ejemplo, padres nacidos en EE. UU. que también poseen la ciudadanía mexicana, canadiense o colombiana, entre otras.
“El problema no es nuevo, pero su alcance sí lo es”, explicó el abogado de inmigrantes Héctor Quiroga, Quiroga Law Office, PLLC. “Por primera vez, el debate podría incluir a personas que siempre se han considerado plenamente estadounidenses. Es una interpretación que, aunque aún no tiene fuerza legal, genera incertidumbre en millones de familias binacionales.”
En Estados Unidos, se estima que más de 40 millones de personas poseen o podrían reclamar una segunda nacionalidad. Muchas lo hacen por vínculos familiares o por leyes de sus países de origen. Si la ciudadanía plena se llegara a vincular con una supuesta “lealtad única”, podrían surgir problemas en la emisión de pasaportes, el acceso a programas federales, la elegibilidad para ciertos cargos públicos o incluso la validez de certificados de nacimiento.
Para el abogado Quiroga, este escenario exige prudencia: “Las familias no deben alarmarse, pero sí informarse. Aún no hay un cambio de ley, pero es clave tener los documentos en regla y recibir asesoría legal antes de iniciar cualquier trámite migratorio o de nacionalidad.” Su llamado busca reducir la desinformación y los rumores que ya circulan en redes sociales.
El tema, que en principio parecía un debate constitucional más, ahora adquiere una dimensión social y emocional. Millones de personas con raíces en otros países podrían sentirse señaladas o inseguras sobre su propio estatus. La posibilidad de que la Corte Suprema revise este caso abre un nuevo frente en la ya compleja relación entre ciudadanía, identidad y pertenencia en Estados Unidos.
Por ahora, la reinterpretación no tiene efecto legal inmediato. La Corte aún no ha aceptado revisar el caso, y el DOJ solo ha presentado argumentos teóricos. Pero el hecho de que la discusión figure en documentos oficiales marca un punto de inflexión: La ciudadanía por nacimiento vuelve a ocupar espacio en el debate público y en la revisión legal del sistema estadounidense.
“El corazón de este debate es la confianza en las reglas del país”, concluyó el abogado de inmigrantes Héctor Quiroga. “Si se empieza a cuestionar quién pertenece y quién no, incluso entre quienes nacieron aquí, el impacto no será solo legal, sino también social. Y eso nos afecta a todos, sin importar nuestro origen.”
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