En los últimos años, el discurso del gobierno federal de México en torno a la seguridad pública se ha vuelto un tema de creciente frustración y desencanto. A medida que se acercan los siete años de administración de Morena –Andrés Manuel López Obrador con 6 y uno de Claudia Sheinbaum–, las críticas sobre la falta de resultados tangibles en el combate a la violencia y al crimen organizado se intensifican. En este contexto, la retórica gubernamental se basa cada vez más en culpar a las administraciones anteriores, aunque carezca de logros que evidencien un avance significativo en la garantía de seguridad para los ciudadanos.
Uno de los pilares fundamentales de la administración actual ha sido presentar a los gobiernos anteriores como responsables de la crisis de seguridad que enfrenta el país. Esta narrativa, que sugiere que la violencia y el crimen organizado son herencias del pasado, ha servido como un recurso retórico recurrente para desviar la atención de las propias deficiencias del gobierno en esta esfera. Sin embargo, el desgaste de esta estrategia se hace evidente cuando se considera que, tras siete años de gestión, la situación de seguridad sigue siendo precaria en gran parte del país.
Los datos sobre homicidios y otros crímenes violentos han mostrado cifras alarmantes, y la percepción de inseguridad entre la población se mantiene alta. Las promesas de un cambio en la estrategia de seguridad, como la creación de la Guardia Nacional, no han producido resultados esperados. La militarización de la seguridad pública ha suscitado un debate intenso, y muchos ciudadanos sienten que esta solución represiva ha tenido más efectos negativos que positivos. Las medidas adoptadas a menudo carecen de un enfoque integral que contemple tanto la prevención como la atención de causas estructurales del delito.
Además, la falta de una comunicación clara y efectiva sobre los avances y acciones en materia de seguridad ha contribuido a la desconfianza de la población. La administración ha optado por hacer énfasis en narrativas que deslegitiman al pasado sin ofrecer soluciones concretas ni explicar cómo se están abordando los desafíos actuales. Este comportamiento genera un clima de impaciencia y desencanto, donde los ciudadanos exigen respuestas y resultados que aún no han llegado.
A medida que se agrava el clima de violencia, la falta de propuestas creativas y efectivas lleva a muchos a cuestionar la sostenibilidad del discurso actual. Las críticas han surgido desde distintos sectores; analistas, especialistas en seguridad y ciudadanos han llamado la atención sobre la necesidad de una nueva narrativa que no solo reconozca la realidad de la herencia del pasado, sino que también contemple un enfoque realista y eficaz para abordar el presente y futuro de la seguridad pública en México.
Es esencial que el gobierno federal reconozca que el tiempo de los discursos culpabilizadores está llegando a su fin. La población demanda acciones claras y efectivas, un enfoque que procure un verdadero cambio en la política de seguridad, que esté basado en la inteligencia, el fortalecimiento de las instituciones y el compromiso a largo plazo en la rehabilitación social. Solo así se podrán establecer las bases para un ambiente donde la paz y la seguridad sean una realidad tangente y no solo un anhelo.
En conclusión, el discurso gubernamental ha mostrado signos evidentes de desgaste y falta de contenido en el ámbito de la seguridad pública. Cambiar esta narrativa y adoptar un enfoque que combine responsabilidad y acción será crucial para reconstruir la confianza del público y, más importante aún, para hacer frente a los desafíos que México enfrenta hoy en día.
