En la reciente discusión sobre la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto obligada a defender el modelo que su antecesor, de «abrazos, no balazos», promovió durante su gestión. En su defensa, Sheinbaum argumentó que la estrategia no se trataba de «abrazar delincuentes», sino de ofrecer alternativas a los jóvenes. No obstante, sus comentarios resuenan en un contexto complicado, particularmente tras la revelación de que el sicario implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, era un menor de edad. Este hecho ha creado un espacio para cuestionar la efectividad de esta postura y la capacidad del gobierno para reaccionar ante una realidad violenta y compleja.
La defensa de Sheinbaum revela un intento de enmarcar la política de seguridad como un enfoque de inclusión social en lugar de un simple combate a la criminalidad. Sin embargo, la reacción a su defensa resalta una desconexión preocupante entre las intenciones de sus políticas y la experiencia de violencia diaria que muchos ciudadanos enfrentan. La realidad es que, mientras se promueven discursos de prevención y rehabilitación, la criminalidad y el reclutamiento de jóvenes por organizaciones delictivas siguen en aumento, mostrando que el modelo adoptado no responde adecuadamente a las exigencias de la seguridad pública.
El caso del sicario menor de edad en Uruapan sirve como un drástico recordatorio de cuán profundamente enraizado está el problema de la violencia en la sociedad mexicana. Reconocer que hay menores involucrados en actos de violencia letal implica no solo una crisis de seguridad, sino también un fallo en las instituciones que deberían proteger y ofrecer alternativas a estas generaciones más jóvenes. La estrategia defendida por Sheinbaum, aunque con el noble objetivo de inclusión, parece estar ignorando la urgencia de abordar los problemas sistémicos que llevan a los jóvenes a ser parte de estos grupos delictivos.
La afirmación de «abrazar a los jóvenes” puede sonar esperanzadora, pero se convierte en un ejercicio vacío si no va acompañada de medidas concretas que cuestionen el reclutamiento y la influencia de los cárteles sobre la juventud. Al priorizar un enfoque ideológico sobre evidencias claras de violencia, la administración corre el riesgo de caer en un discurso superficial que ignora la urgencia de protección para aquellos que, en lugar de estar “abrazados”, necesitan ser defendidos.
Además, la insistencia de Sheinbaum en promover la inclusividad puede ser interpretada como una forma de eludir la crítica hacia un modelo de seguridad que, en su esencia, no ha logrado reducir la violencia. Sin un seguimiento y una reevaluación de las políticas aplicadas, el ciclo de violencia continuará alimentándose en las comunidades más vulnerables.
Por lo tanto, se requiere una transformación radical en la forma de abordar el problema de la seguridad en México. Más allá de los discursos esperanzadores, es esencial que se implementen políticas efectivas y medibles, que prioricen la seguridad pública y la justicia. Las iniciativas orientadas a la inclusión deben ser parte de un enfoque más amplio que contemple aspectos socioeconómicos, educativos y criminológicos.
En conclusión, el contexto actual exige un replanteamiento de la política de seguridad. Claudia Sheinbaum, al defender un enfoque que abraza a los jóvenes, necesita considerar que la realidad de la violencia y el reclutamiento por parte de organizaciones criminales aumenta la urgencia de actuar con decisión, claridad y eficacia. Sin ello, las palabras se convertirán en meros ecos en un país que clama por una verdadera solución a sus problemas más apremiantes.
