El asesinato a balazos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante el Festival de las Velas el 1 de noviembre, no es solo un crimen aislado: es el epítome de una narcopolítica enquistada que el gobierno federal ha tolerado por seis años bajo la doctrina de «abrazos, no balazos». Manzo, un independiente de 42 años que ganó la alcaldía en 2024 denunciando abiertamente la infiltración de cárteles en Michoacán, recibió siete disparos en plena plaza pública, ante cientos de testigos. Fuentes federales identificaron al sicario como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias «El Cuate», un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) originario de Apatzingán y familiar de líderes locales. Este atentado, que dejó a Manzo sin protección efectiva pese a sus reiteradas peticiones de refuerzos, expone la inacción crónica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), perpetuando redes de complicidad que financian campañas y cooptan funcionarios.
Manzo no era un político convencional. Elegido como outsider, su gestión se centró en combatir la extorsión avaluadora y el control territorial del CJNG y Los Viagras en Uruapan, epicentro de la producción de aguacate –un negocio que genera miles de millones de dólares anuales y sirve de lavadero para el narco–. En transmisiones en vivo momentos antes de su muerte, Manzo exigió «mayor apoyo federal» contra la violencia que azotaba su municipio, donde en 2025 se registraron 450 homicidios relacionados con el crimen organizado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Su asesinato, captado en videos que muestran al atacante aproximándose sin filtros de seguridad, resalta la vulnerabilidad de líderes locales que desafían el statu quo. El modus operandi –un sicario infiltrado en un evento masivo– evoca ejecuciones pasadas, como la de Colima’s Indira Hidalgo en 2023, pero con un agravante: inteligencia federal advertía de amenazas contra Manzo desde septiembre, según filtraciones de la Guardia Nacional.
La raíz de esta tragedia yace en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), cuya estrategia de «abrazos, no balazos» priorizó la contención social sobre la desarticulación de estructuras criminales. En lugar de erradicar la narcopolítica –esa simbiosis entre políticos y cárteles que inyecta hasta 500 millones de dólares anuales en campañas electorales, según estimaciones de la DEA–, el gobierno optó por pactos informales en estados clave como Michoacán. El Ejército y la Marina, desplegados en 150 mil efectivos, se enfocaron en operativos mediáticos, pero fallaron en desmantelar financiamientos ilícitos: el CJNG, responsable de la muerte de Manzo, opera con impunidad en puertos y ayuntamientos gracias a redes de halcones y funcionarios cooptados. Bajo Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre de 2024 prometiendo «continuidad con transformación», la inercia persiste: la SSPC reporta una reducción del 20% en homicidios, pero cifras independientes de Causa en Común revelan 112 políticos asesinados solo en los primeros cinco meses de 2025, un pico histórico.
Esta ineptitud no es accidental. La narcopolítica se sostiene por omisiones deliberadas: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló solo 1.2% de cuentas vinculadas a lavado en 2024, pese a evidencias de donativos narco a Morena en elecciones locales. En Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), el CJNG ha escalado su guerra por rutas de fentanilo, financiando a aspirantes y eliminando disidentes como Manzo, quien rechazó «mordidas» por permisos de exportación de aguacate. El gobernador Bedolla lamentó el crimen en un video, pero evadió responsabilidad federal, un patrón que ignora cómo el gobierno central retiene el 90% de recursos para seguridad.
Las implicaciones son profundas. El asesinato de Manzo ha desatado protestas en Uruapan, con demandas de intervención militar total, y ha inspirado secuestros como el del exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa, desaparecido tras condenar el atentado. Políticamente, erosiona la legitimidad de Sheinbaum ante el G20 de 2026, donde México aspira a liderar en migración y comercio, pero proyecta caos interno. Expertos como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierten que sin reformas a la Ley Federal de Seguridad Pública –para obligar extradiciones y rastreo financiero–, la narcopolítica metastatizará, convirtiendo elecciones de 2027 en batallas sangrientas.
En resumen, la muerte de Manzo no es un fracaso puntual, sino el veredicto de un modelo fallido: abrazos que alimentan balas. México necesita una depuración radical de sus instituciones, o los cárteles dictarán no solo la economía, sino el destino de su democracia. El gobierno federal, ante este espejo roto, debe actuar o asumir la complicidad.
