México atraviesa un momento en el que la política ha dejado de ser un espacio de encuentro y se ha convertido en un terreno de afirmaciones unilaterales. La polarización ha desplazado a la deliberación, y con ello se ha debilitado la posibilidad de construir agendas públicas que unan y no dividan.
La reconciliación democrática es posible cuando las decisiones se toman escuchando, razonando y corrigiendo con base en evidencia. Un primer paso implica reconocer que el presupuesto y la política fiscal no son meros ejercicios administrativos: son herramientas que moldean la igualdad o la desigualdad. Estas decisiones no son neutras: determinan quién avanza y quién queda al margen.
Pero corregir el rumbo no requiere rupturas, sino diálogo informado. Gobernar con base en evidencia permitiría reorientar los subsidios hacia una mayor equidad, priorizar la sostenibilidad fiscal sin sacrificar inversión pública y fortalecer capacidades institucionales donde más se necesitan, especialmente en seguridad y justicia. Las entidades que han logrado contener la violencia muestran que cuando hay profesionalización y coordinación, el efecto es tangible.
México necesita un gobierno que convoque, no que excluya; que escuche, no que imponga. Un liderazgo democrático se sostiene no en la unanimidad, sino en la capacidad de reconciliar intereses y construir soluciones estables.
