En México, el panorama de la libertad de expresión se oscurece progresivamente, con un incremento alarmante en los intentos de censura por parte de autoridades estatales. Este informe analiza dos casos emblemáticos que ilustran esta tendencia: la queja del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, contra un usuario de redes sociales por comentarios sobre su hija, y la denuncia de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, contra la televisora Telemar por difamación. Estos incidentes no son aislados, sino parte de un patrón más amplio de acoso judicial y represión que amenaza a periodistas, activistas y ciudadanos comunes. Según datos de organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 2025 ha marcado un pico en estas prácticas, con un aumento del 143% en casos de acoso judicial contra la prensa en comparación con el año anterior.
Comencemos por Puebla. El gobernador Alejandro Armenta, de Morena, ha generado controversia al utilizar la Secretaría de Seguridad Pública para denunciar un mensaje en X (anteriormente Twitter) donde un usuario criticaba el físico de su hija, afirmando que «no es el de una modelo». El mensaje tuvo que ser borrado por el usuario ante la amenaza recibida por parte de la plataforma, algo que muestra que el patrón de Armenta es claro: ha atacado públicamente a periodistas, llamándolos «cobardes» y «canallas» por publicaciones críticas. En junio de 2025, el Congreso de Puebla aprobó una reforma a la Ley de Ciberseguridad que penaliza con hasta tres años de prisión los «insultos» en redes sociales, lo que ha alertado a periodistas y activistas por su potencial como herramienta de censura. Esta ley, apodada «Ley Censura», permite sancionar expresiones que «violen, insulten o expongan» a personas, abriendo la puerta a interpretaciones subjetivas. Armenta ha respondido a quejas con agresiones verbales y medidas represivas, como en casos donde ha demandado respeto a la libertad de expresión mientras criminaliza a comunicadores. Este enfoque refleja una estrategia para silenciar disidencias, exacerbando la vulnerabilidad de usuarios en plataformas digitales.
En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha intensificado sus acciones contra medios independientes. Recientemente, presentó una denuncia por calumnia contra Producciones Telemar, alegando que varias notas sobre su administración eran ofensivas. Como resultado, la Fiscalía General del Estado solicitó al medio entregar nombres de periodistas, fechas de publicación y datos relacionados con 59 encabezados críticos, interpretado como un intento de censura previa. Esta petición busca integrar evidencia a una carpeta de investigación, obligando a Telemar a revelar fuentes antes de cualquier publicación futura. Sansores, conocida por su historial de ofensas públicas mientras rechaza críticas, ha sumado este caso a una lista de censuras, incluyendo el cierre del diario Tribuna en junio de 2025 por «difamación». Organizaciones como Artículo 19 han condenado estas acciones como un golpe a la libertad de prensa, destacando que Sansores no tolera escrutinio mientras lanza apodos y ofensas en sus propios espacios.
Estos episodios se insertan en un contexto nacional preocupante. En 2025, México ha sido calificado como uno de los peores años para la libertad de prensa en América, con 51 casos de hostigamiento legal documentados en el primer semestre. El acoso judicial se ha convertido en el principal mecanismo de censura, utilizado por gobiernos estatales y federales para intimidar a la prensa. Periodistas como Héctor de Mauleón y Jorge Ramos han enfrentado demandas, mientras que usuarios comunes son obligados a disculparse públicamente por memes o críticas en redes. En Puebla y otros estados, leyes represivas cruzan líneas rojas, afectando no solo a profesionales sino a la ciudadanía general. La SIP alerta sobre una «escalada multifacética» contra el periodismo, incluyendo propaganda y autocensura.
Esta tendencia erosiona la democracia mexicana, donde la libertad de expresión es un pilar constitucional. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras clasifican a México como uno de los países más peligrosos para periodistas, con violencia física sumada al acoso legal. Los intentos previos de censura, como sanciones por opiniones en redes, indican un retroceso hacia autoritarismo disfrazado de protección al honor. Para contrarrestar esto, se requiere una respuesta colectiva: reformas que despenalicen la difamación, protección a fuentes periodísticas y vigilancia internacional. Sin acción inmediata, la censura podría normalizarse, silenciando voces críticas en un momento crucial para el país.
En conclusión, los casos de Armenta y Sansores ejemplifican cómo el poder estatal se usa para reprimir disidencias, sumándose a un patrón nacional que amenaza la pluralidad informativa. México necesita defender su libertad de expresión para preservar su democracia.
