La nueva iniciativa para reformar la Ley de Amparo protege al poder y quita derechos a los ciudadanos, lo que además va en contra del principio esencial del juicio de Amparo. Urge un debate amplio antes de votar.
El 15 de septiembre del 2024, el entonces presidente de la República publicó una de las reformas más destructivas de los últimos tiempos: lo que sería, supuestamente, la reforma del Poder Judicial. Un año después, en la misma fecha, la Presidenta de México presentó una iniciativa para reformar la Ley de Amparo. Se trata de un documento de alrededor de 112 páginas que debemos leer con detenimiento porque constituye un debilitamiento (¡uno más!) de la figura del Amparo que nació para proteger a los mexicanos frente al poder, especialmente, frente al Poder Ejecutivo, que hoy en día no tiene contrapesos.
La propia exposición de motivos de esta última iniciativa comienza con una descalificación del Poder Judicial al decir que la reforma es “para abatir los privilegios y las negligencias persistentes al interior del Poder Judicial”. En el segundo párrafo se hace referencia directamente a las bondades de los valores de lo que llaman la Cuarta Transformación, que no es más que la expresión de una sola persona, de un solo ente que hoy no tiene contrapeso alguno.
La iniciativa toca el instrumento más importante que tenemos en México para la protección de los derechos del pueblo y de cada uno de los ciudadanos. Y se presenta en el peor momento de la vida contemporánea del Congreso de Unión, por lo menos en lo que va del siglo, porque con la sobrerrepresentación artificial que se “regalaron” los diputados de Morena, ahora, tienen cooptados los tres poderes de la Unión.
Presentada la iniciativa, inmediatamente se levantaron voces para opinar sobre el peligro de las reformas. La petición es que antes de que el Senado apruebe esta iniciativa, se lleve a cabo un diálogo con especialistas, litigantes, barras de abogados y sociedad civil.
El Amparo es un juicio en el que se demanda a la autoridad por actos que violentan el estado de derecho. Obviamente para la autoridad el Juicio de Amparo no es cómodo, pero es y ha sido siempre el único medio que el gobernado tiene para defenderse efectivamente de los abusos. Lo preocupante es entender y analizar el efecto que tiene que las reformas propuestas están redactadas para fortalecer el poder de la autoridad retrasando el acceso a la justicia del gobernado.
Es cierto que algunas cosas ya venían aplicándose, pero al pasarlas a la redacción resultan ahora sí una verdadera restricción o una mayor incertidumbre en la defensa de los derechos. Doy tres ejemplos:
1. La autoridad tiene más supuestos para desechar un escrito de recusación que al final era el derecho del ciudadano. (artículo 59)
2. Para facilitar el Amparo se permite la ampliación de la demanda. Sin embargo, la redacción propuesta persigue que el juez no lo permita más que en un solo caso. El artículo 128, que se refiere a la posibilidad de suspender un acto de autoridad porque si no se suspende ya no tendría caso el juicio. La propuesta de reforma es que la suspensión no se logre y eso es en detrimento del propio ciudadano, que se defiende del poder de la autoridad. Los artículos que se refieren a la suspensión de los actos de autoridad son los que más sufrirían cambios y, casi todos, en favor de la autoridad para que se niegue la suspensión.
3. El interés legítimo es una figura de la Ley de Amparo que permite que los gobernados defiendan sus intereses colectivos, pero con la reforma pretenden complicar la comprobación o reconocimiento de este interés.
La propuesta beneficia casi exclusivamente a la autoridad y no al gobernado. Eso es preocupante en cualquier momento, pero más ahora en tiempos autoritarios. Por eso pedimos que se dialogue. ¿Cuál es el miedo de discutir una reforma tan importante? ¿Qué es lo que se esconde?
Con Morena el acceso a la justicia es cada vez más estrecho y, una vez más, pretenden reformar esta ley para eliminar la eficacia del juicio de garantías, frente a la autoridad. Se trata de proteger al poder, de proteger a la autoridad. Con Morena el acceso a la justicia es cada vez menor. Ya se habían quitado los efectos generales de la suspensión de una ley inconstitucional, ahora se da un paso más en el debilitamiento del Amparo.
Pido un debate amplio, abierto y técnico. Tal y como está ahora la votaré en contra, porque mi deber constitucional, como diputada federal, es brindar, en todo tiempo y a todas las personas, la protección más amplia de sus derechos humanos. Porque debo promover la protección de los derechos de las y los mexicanos, no de los poderosos que además ni siquiera saben comportarse dignamente.
@Mzavalagc
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