El 10 de agosto de 2025 marcó el fin de la sanción impuesta a Karla Estrella, una ciudadana sonorense obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a publicar disculpas diarias durante 30 días a la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Karina Barreras, conocida en redes como #DatoProtegido. La medida, derivada de un tuit de febrero de 2024 donde Estrella cuestionó la candidatura de Barreras, acusando de nepotismo a su esposo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, desató una ola de indignación en redes sociales, que la calificaron como un acto de censura y abuso de poder.
El caso, que generó un intenso debate sobre los límites entre libertad de expresión y la definición de violencia política de género, comenzó cuando Barreras denunció el tuit de Estrella ante el Instituto Nacional Electoral (INE). El TEPJF determinó que el comentario minimizaba la trayectoria de la diputada al atribuir su candidatura a influencias masculinas, imponiendo a Estrella una multa de 1,805.70 pesos, un curso de género, lecturas sobre lenguaje no sexista y la inscripción por 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas. Sin embargo, la obligación de disculparse públicamente durante un mes fue lo que más encendió las redes. Usuarios como @KarlaMaEstrella, quien cumplió la sanción, denunciaron en X que se trataba de una “pena infamante” que vulneraba sus derechos humanos.
La reacción en redes fue contundente. El hashtag #TodosSomosKarla se popularizó, y el periodista Jorge García Orozco resumió el sentir de muchos con su comentario: “La lección es ¡No se dejen!”. Su mensaje, compartido ampliamente, señaló el caso como un ejemplo de cómo el poder político puede intentar silenciar a la ciudadanía. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la sanción como un “exceso”, subrayando que “el poder es humildad, no soberbia”. A pesar de que Barreras pidió al TEPJF suspender la sanción tras considerar suficiente la primera disculpa, la sentencia era inapelable, obligando a Estrella a completar el proceso.
Organizaciones como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtieron que este caso refleja una “preocupante tendencia” de censura judicial en México, donde leyes diseñadas para proteger a las mujeres en política se usan para inhibir el debate público. Estrella, respaldada por su abogada Mariana Calderón, planea llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), argumentando una violación a su libertad de expresión.
El caso de Estrella no solo expuso tensiones entre la legislación de género y los derechos ciudadanos, sino que también reavivó críticas contra Barreras y Gutiérrez Luna por presuntos lujos no declarados, según García Orozco, lo que contrastó con el discurso de austeridad de Morena. Este episodio deja una advertencia: el uso político de leyes puede erosionar la confianza en las instituciones y limitar la participación ciudadana.
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