En cuanto entren en funciones las y los jueces elegidos en los pasados comicios del 1 de junio, las organizaciones de la sociedad civil vamos a vigilar su desempeño. Dado que muchos de estos nuevos juzgadores están vinculados al oficialismo, evaluaremos la calidad de sus resoluciones para revisar que no se subordinen a intereses ilegítimos.
Porque frente a un Gobierno que pierde fuerza ante el crimen organizado, nuestra petición siempre será: más Estado de derecho, no menos. Por ello debemos vigilar que se reduzca la impunidad, pero no por la vía fácil de la prisión preventiva oficiosa (que es incompatible con los derechos fundamentales y, por emplearla, México ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Con evidencia, México Evalúa y el Colectivo #LaJusticiaQueQueremos recalcamos: 12 estados de la república demuestran que limitar su uso no compromete la seguridad.
En el plano internacional, sabemos que la oportunidad del nearshoring puede ser un contrapeso frente a los embates del presidente estadounidense Donald Trump. Pero para que haya nearshoring, el país debe ofrecer certeza a los inversionistas. Una oportunidad para lograrlo está en la propuesta, emitida desde la sociedad civil, de ajustar la iniciativa presidencial de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos a las exigencias del T-MEC. Bien diseñada, puede ser un símbolo de modernización democrática para que México genere confianza como destino para la inversión.
Estos son sólo algunos de los desafíos del presente para las organizaciones de la sociedad civil. Son enormes, pero también lo es nuestra responsabilidad en pro de la democracia en nuestro país.
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