El delito de fraude en México sigue siendo una preocupación constante para los ciudadanos, a pesar de que las cifras oficiales, según un reporte de TResearch International de abril de 2025, muestran una aparente disminución en las denuncias recientes. Mientras el gobierno celebra estos números, la realidad en las calles parece contar una historia diferente, generando desconfianza entre la población que simpatiza con la oposición y cuestiona la veracidad de los datos.
De acuerdo con el informe, en abril de 2025 se registraron 8,432 denuncias por fraude a nivel nacional, lo que representa una caída del 17% respecto al mismo mes de 2024. Estas cifras, a primera vista, podrían interpretarse como un avance en la lucha contra este ilícito. Sin embargo, al observar el panorama general del actual sexenio, la preocupación persiste. Desde el inicio de la actual administración, se han reportado 34,714 fraudes en México, y solo en lo que va de 2025 ya suman 8,432 denuncias, lo que indica que, a pesar de la aparente reducción mensual, el problema sigue siendo significativo y está lejos de resolverse.
Un dato que llama poderosamente la atención es la concentración geográfica de este delito. La Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco son las entidades que acumulan el 44% de los fraudes denunciados en el sexenio. Esto significa que casi la mitad de los casos se concentran en solo tres estados, lo que debería encender las alertas y generar estrategias focalizadas para combatir este tipo de crimen. Además, al analizar los datos por cada millón de habitantes, Baja California Sur, la Ciudad de México y Aguascalientes son los estados con mayor incidencia, evidenciando que el problema no solo es cuantitativo, sino que afecta de manera desproporcionada a ciertas poblaciones.
La disparidad entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana genera un escepticismo palpable. Muchos se preguntan si la disminución en las denuncias obedece a una menor incidencia del delito o, por el contrario, a una falta de confianza en las autoridades para denunciar, o incluso a una posible subestimación de los casos. En un país donde la impunidad es una constante, es válido cuestionarse si los ciudadanos realmente se sienten seguros al acudir a las instancias correspondientes para reportar un fraude, o si prefieren no hacerlo ante la burocracia, la corrupción o la ineficacia del sistema.
En 2023, la cifra de fraudes denunciados alcanzó las 114,458, con la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco nuevamente a la cabeza, sumando casi 54 mil casos entre ellos. Estas cifras históricas muestran que el fraude no es un problema nuevo, pero su persistencia y la concentración en ciertos estados demandan una acción más contundente y transparente por parte de las autoridades.
Para los ciudadanos, especialmente aquellos que han sido víctimas de fraude, la sensación de vulnerabilidad es constante. Las estafas telefónicas, los fraudes cibernéticos y los engaños relacionados con bienes y servicios son el pan de cada día. La facilidad con la que los delincuentes operan y la dificultad para recuperar lo perdido alimentan un sentimiento de impotencia que mina la confianza en las instituciones.
En conclusión, si bien las cifras oficiales de abril de 2025 podrían parecer alentadoras, es fundamental analizarlas con cautela y en el contexto de una problemática mucho más amplia. El delito de fraude sigue siendo un desafío en México, y la transparencia en la información, sumada a una estrategia integral que garantice la justicia y la confianza ciudadana, es indispensable para combatirlo eficazmente.
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