Aunque marzo de 2025 registró una disminución del 15% en denuncias por fraude respecto al mismo mes de 2024, el balance acumulado desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum revela un panorama complejo y preocupante. Hasta la fecha, se han contabilizado 26,279 casos de fraude en todo el país, lo que refleja un fenómeno delictivo extendido y con alta incidencia en ciertas regiones.
El fraude, entendido como cualquier acción engañosa con intención de obtener ganancias o beneficios ilícitos, ha mostrado patrones geográficos claros. Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Jalisco concentran el 44% de los casos reportados entre 2024 y 2030, consolidándose como las entidades más afectadas por este tipo de delincuencia. Estas zonas, caracterizadas por su alta densidad poblacional y actividad económica, también ofrecen un terreno fértil para estafas electrónicas, financieras y comerciales.
En términos relativos, es decir, considerando la población de cada estado, Baja California Sur lidera la lista con 544 denuncias por cada millón de habitantes, seguida muy de cerca por Aguascalientes (AGS) con 523. Esta medición permite identificar focos rojos que no necesariamente aparecen al evaluar solo cifras absolutas, e invita a reflexionar sobre factores como el nivel de conciencia ciudadana, la capacidad institucional para recibir y procesar denuncias, o incluso la mayor exposición de ciertos sectores a modalidades específicas de fraude.
Históricamente, el delito ha tenido una tendencia ascendente hasta mediados de la década pasada, con picos significativos en 2023, cuando se reportaron 114,458 casos a nivel nacional. A partir de entonces, se observa una leve desaceleración, aunque persiste un número elevado de víctimas. En marzo de 2025 se recibieron 8,468 denuncias, marcando una reducción frente al año inmediato anterior, pero sin revertir el aumento generalizado de los últimos años.
Los datos también muestran disparidades notables entre estados. Mientras en CDMX se reportaron 14,398 fraudes en 2024, en Campeche apenas se contabilizaron 64. Esta brecha puede deberse tanto a diferencias reales en la ocurrencia del delito como a variaciones en los sistemas locales de registro y denuncia.
La evolución del fraude está profundamente ligada al avance tecnológico y a la digitalización de las transacciones. Hoy, plataformas de comercio electrónico, servicios financieros online y redes sociales son usadas por criminales para ejecutar operaciones fraudulentas con relativo bajo riesgo de ser atrapados. Por ello, expertos coinciden en que combatir el fenómeno requiere no solo de acciones policiales, sino también de campañas educativas y mecanismos de protección digital robustos.
México enfrenta un reto claro: adaptarse a nuevas formas de delincuencia y construir una cultura de denuncia efectiva. Las cifras no mienten: el fraude sigue siendo un negocio redondo para algunos… y un dolor de cabeza para todos.
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