En un artículo publicado en el diario Reforma, Vanessa Romero Rocha –quien ha defendido en medios como analista las posiciones del partido oficial– señaló el riesgo de que los militares tengan un representante que vele por sus intereses en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Romero Rocha apunta a que la posibilidad de que César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, se convierta en representante de los militares: “está muy ligado con el gremio castrense por haberse criado entre ellos y por haber formado parte de sus filas. Palabra del Candidato”, además de advertir: “La admisión de un cuadro ligado a las fuerzas armadas en un órgano civil como la Corte entraña calculables riesgos. Es una agresión directa contra toda frontera”.
Sin escribirlo en su espacio en el diario citado, Vanessa Romero muestra el principal riesgo de esta elección que responde más al capricho del expresidente López Obrador para desmantelar al Poder Judicial y no –como repiten en sus discursos para justificar este despropósito– para mejorar la justicia, pues elegir mediante el voto directo del pueblo implica la posibilidad de abrir la puerta a personajes ligados a ciertos intereses, ya sea de algún partido –todos sabemos cuál es el más interesado en capturar a este poder del Estado–, algunos empresarios o, en el peor de los casos, del crimen organizado.
El pasado 23 de abril, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconocieron que por el mal trabajo del Poder Legislativo para seleccionar a los candidatos, se colaron candidatos con antecedentes penales o con vínculos con grupos criminales.
Como señaló en su cuenta de X (Twitter) el analista político Juan Ortiz, luego de dicho reconocimiento nos quedaron a deber una “explicación de cómo se validaron expedientes de personas con antecedentes graves”.
Adicionalmente, hay que agregar que ya empezamos a ver indicios de los apoyos que ciertos candidatos están recibiendo, algo que el INE empieza a investigar.
En resumen, estamos ante un proceso electoral que no previó todo lo necesario para llevar a cabo unas elecciones extraordinarias que son producto de una ocurrencia, no de una necesidad real, y que presenta el riesgo de que lleguen al Poder Judicial jueces con vínculos no sólo con el crimen organizado, sino con otros poderes fácticos que buscarán ser beneficiados por las decisiones de los miembros de la Corte o de los juzgados.
Y el gran tema del que pocos se habla es el de la imparcialidad, algo fundamental para la impartición de justicia, pues si estamos viendo a candidatos que llegan gracias al apoyo de partidos, grupos criminales, empresas, sindicatos u otros grupos de interés, no se va a garantizar que sus decisiones sean imparciales y apegadas a derecho.
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